La ilegalidad institucional

Por José Pablo Feinmann

 

Es hora de que la derecha en la Argentina se haga cargo de una realidad incuestionable. Ya que sigue llenándose la boca con las palabras democracia, república, instituciones, tiene que asumir una aberración de la cual es responsable y que ha acarreado enormes males para el país. Entre el 16 de septiembre de 1955 y el 12 de octubre de 1973 la República Argentina vivió en estado de ilegalidad institucional. Esta ceguera, esta obstinación, este odio, parecieran a veces no poder explicarse. Uno, que lo ha vivido, acaso se haya acostumbrado al clima de esos tiempos y a esas modalidades. “¿Por qué no puede venir al país Perón?”, era algo que no se preguntaba. Todos sabían la respuesta: “Porque los militares no lo dejan”. Nadie preguntaba por qué. No hace mucho, sin embargo, vi por televisión al joven ensayista Lucas Lanusse explicar la caída de Frondizi. Y cuando dio el motivo determinante les dijo a los teleespectadores: “Ustedes hoy no lo van a creer. Pero todo fue porque el 18 de marzo de 1962 el peronismo había ganado las elecciones provinciales y eso no podía ser tolerado por el Ejército. Se anularon las elecciones y el día 29 Frondizi es arrestado y enviado a Martín García”. Lucas Lanusse tiene razón. Alguien, cualquier joven, aunque sea argentino, al que hoy se le dice algo así no lo puede creer. ¿Qué pasaba? Intentemos explicarle la situación a un extranjero. “Vea, en la Argentina había un partido totalmente mayoritario. Pero su líder no podía volver al país. Ni su nombre podía ser pronunciado. Los militares les cedían el gobierno a algunos civiles que lo aceptaban, transformándose en cómplices. No bien estos civiles otorgaban nuevas elecciones ganaba el partido proscripto. Entonces los militares echaban a patadas a esos civiles y empezaba de nuevo la farsa.” Seamos insistentemente claros: obstinadas por excluir al peronismo de la vida institucional, las clases altas mantuvieron al país en situación de ilegalidad durante 18 años. A ver si entienden esto los señores que se adueñan de palabras que han pisoteado. Había otros caminos. En principio, el general Lonardi ya había dicho su célebre “Ni vencedores ni vencidos” no bien triunfó el movimiento sedicioso que  encabezaba. Muchos sabían que el camino más racional era el de no proscribir al peronismo. Pero no. La trampa consistió en identificarlo con el nacionalsocialismo y –de este modo– así como los nazis estaban prohibidos en todos los lugares del mundo debía estar prohibido el peronismo en la Argentina. Esta ceguera pudo haber durado dos años, tres. Se eternizó. La Revolución Libertadora se denominó a sí misma (además de “Libertadora”) “gobierno provisional”. Su nombre completo era: “Gobierno Provisional de la Revolución Libertadora”. No, de ninguna manera. Seamos, otra vez, contundentemente claros: la “Revolución Libertadora” no sólo no fue un “gobierno provisional” sino que gobernó el país durante 18 años. ¿Está claro? Tuvimos 18 años de “Revolución Libertadora”. Todo se hizo según la ideología de la Revolución Libertadora. Si Aramburu fue quien desplazó a Lonardi para implantar el feroz antiperonismo que se adueñó largamente del país, su determinación de desperonizarlo se mantuvo inalterable. Ya sea para desperonizarlo como para evitar que se peronice. El Decreto 4161 nunca se derogó. Siempre estuvo vigente. La Argentina vivió 18 años bajo el imperio de ese decreto. Se pudo nombrar a Perón, de acuerdo. Pero el peronismo no podía ingresar al ámbito institucional. Si lo esencial del Decreto 4161 era expulsar al peronismo de la polis ese decreto duró 18 años. Además, el repugnante escamoteo del cadáver de Eva Perón se mantuvo inalterable. Todo esto lo determinaba el odio y el miedo. Evita en el país los hacía temblar. Las masas acudirían a cualquier lugar en que la enterraran y sería imposible contenerlas. Las masas –a esta altura de la Guerra Fría, de la Doctrina de la Seguridad Nacional– no sólo eran el peligro del “peronismo” sino el del camino al comunismo, ya que las masas para las clases altas y los militares son sinónimo de marxismo, de disolución, de peligro. ¿Hay alguna autocrítica por esto? ¿Alguien ha pensado la violencia extrema que esto implicaba? Si José Claudio Escribano quiere creer que con la muerte de Aramburu “se abrió formalmente un largo período de violencia en la Argentina” puede creerlo. Pero está equivocado o miente o elabora el esquema ideológico que le permitirá defender los intereses que defiende. La muerte de Aramburu no inaugura el período de violencia en la Argentina. Lo inaugura, suponiendo que la violencia se inaugura en algún momento en lugar de haber estado siempre presente, el bombardeo de 1955. Pero sobre todo: es la violencia institucional la que arroja a la juventud a la violencia. También a los obreros, a los sindicalistas, a los hombres del Cordobazo, del Rosariazo, del Mendozazo. ¿Cómo es posible pretender amordazar a un país por 18 años y que algo no estalle? ¿Cómo pudieron ser tan torpes, tan brutos, cómo pudieron odiar tanto, temer tanto, perseguir tanto? El Sistema de Exclusión del Peronismo (SEP) buscó mantenerse a cualquier precio. Se burló de todos y de todo. Tuvo miles de responsables. Todos son cómplices. Los que hicieron la Junta Coordinadora. Los que hicieron la Reforma Constitucional. Los “partidos del comisario” como la Unión Cívica Radical del Pueblo de Balbín. Alfredo Palacios y su porte de patriarca socialista. Todos los protagonistas del SEP son cómplices de la tragedia a que se llegó. Ellos crearon la violencia. Que yo sepa (y alguna vez hay que reconocerle algo a Sabato) fue Ernesto Sabato el único que denunció las torturas de la Libertadora. Todos los demás fueron cómplices del error demencial de la oligarquía terrateniente, del Ejército, de los grupos financieros que se fueron consolidando con la entrada del Fondo Monetario Internacional y la Iglesia. Básicamente los sectores que el tosco, torpe, pero sincero Roulet (dirigente agrario) señaló como los baluartes que en la Escuela le dijeron habían hecho el país. “Mi maestra me dijo que el país lo hicieron la Iglesia, el Ejército y el campo.” ¡Claro que sí! Eso se dice en la Escuela. Esa es la educación argentina. Eso se nos ha enseñado autoritariamente a todos. Una doctrina que atribuye la creación del “maravilloso” país en que vivimos a sus sectores dominantes. Esa educación –que tan abierta e ingenuamente enuncia el señor Roulet– es el resultado de un hecho de poder. Es la educación de los ganadores de las guerras civiles del siglo XIX. Todos creen que es “nuestra” educación. No lo es. Es la educación que diseñaron las clases altas para educarnos a todos según sus valores. Si La razón de mi vida es un hecho educacional deleznable, no lo es más que la educación impuesta por la oligarquía. ¿Por qué he tenido que leer Juvenilia, el libro de un tipo miserable como Miguel Cané que era un racista y que redactó la Ley de Residencia (para terror de los inmigrantes) a la que llamó “deliciosa ley de expulsión”? ¿Dónde estaría hoy Miguel Cané? Estaría en alguna de esas radios repulsivas que hablan del peligro de los inmigrantes, a los que llaman bolitas, brasucas, chilotes, yoruguas. Cané no es mejor que el señor Hadad y su equipo de xenófobos. Era, desde luego, un xenófobo. ¿Por qué tuvimos que leer ese libro? Porque narraba la educación de los jóvenes de las clases altas en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Hasta los chicos de las provincias más empobrecidas tuvieron que enterarse de cómo se habían educado los señoritos de Buenos Aires, los que formarían la Generación del ’80, “la que hizo el país”.