¿El Ángel de la guarda?
No, el Ángel que se la guarda.
Aquí les traigo de un rincón de la memoria. Esta nota publicada en el semanario LA OPINION de San Pedro, el miércoles 15 de agosto de 2007. Donde mostraban la noticia de la reciente incorporación de obras públicas, para dirigir el corralón municipal, en lugar de Estelrrich, Angel Alvarez, era procesado por los planes truchos que este otorgaba.
Este es el estilo Guacone, "no quiero en mi gabinete gente que no esté procesada", "Eso de que tengan una imagen honesta y salgan por los medios a ventilar nuestros trapitos internos, no me va"
Pensamiento de la gente del corralón: "Puta madre, tras que no nos queda casi nada en el corralón, ahora menos".
Hay cuarenta procesados por los “planes truchos”
Gustavo Hansen y Ángel Álvarez ya tienen pedido de indagatoria en el Juzgado Federal. Se los acusa de Fraude a la Administración Pública. De los 63 beneficiarios sampedrinos, 40 quedaron procesados penalmente. La mayoría se negó a declarar pero ante los mediosdesconocen sus firmas. Hay 23 cuya situación no se resolvió.
La investigación iniciada en el Juzgado Federal, por el Dr. Patricio Murray, a instancias de la Unidad Fiscal de Seguridad Social, comienza a cobrar sus primeras víctimas. Tal como se ha publicado en este medio, desde el año 2006, la Fiscalía estudió el caso de 63 sampedrinos que cobraron durante largo tiempo planes PEC o Jefes y Jefas de Hogar, mientras trabajaban enrelación de dependencia para la comuna.
En principio, de los municipios de la Segunda Sección Electoral, San Pedro y Pergamino parecen encabezar el ranking de irregularidades y es por ello que por segunda vez, la Fiscalía solicitó al Juez Villafuerte Ruzo, la indagatoria para quienes fueron los administradores de los diversos planes: Gustavo Hansen y Ángel Álvarez.
A principios del año en curso, fueron procesados seis, entre los cuales se encuentra quien hoy está a cargo del control de los planes Jefes y Jefas de Hogar, Nancy Budiño y se citó al Secretario de Gobierno, Juan Almada en calidad de testigo, ya que no había desempeñado funciones en el período que comprenden los planes cuestionados.
Empleados asustados Durante los últimos meses, se tomaron las declaraciones. En la mayor parte de los casos, los titulares de los planes recibieron por parte de la Defensoría Oficial, el consejo de negarse a declarar. Sin embargo, esto resultó perjudicial, ya que en los recibos que exhibe la entidad bancaria administradora de los fondos, están las firmas de todos ellos.
Por supuesto, aquellos que pudieron ver la documentación sostuvieron que sus firmas habían sido falsificadas. Y la pregunta es obvia: ¿Quién cobró ese dinero? Para quienes llevan adelante la investigación, mientras no existan pruebas de firmas falsificadas todos son presuntos autores del delito de estafa contra la Administración Pública. La “estafa” está descripta en el artículo 172 del Código Penal y prevee penas que van desde un mes a seis años, de acuerdo a su gravedad, pero… lo que tal vez no saben los procesados es que cuando esa “estafa” se perpetra contra la Administración Pública, la sanción se agrava, tal como lo dispone el artículo 174 inciso 5º, que considera el agravamiento de la pena estipulándola en dos años como mínimo y no excarcelable.
Los funcionarios El pasado 4 de Julio, la Fiscalía del Dr. Juan Patricio Murray reiteró su pedido de citación a declaración indagatoria para Gustavo Hansen y Ángel Álvarez. Si bien aún, el juzgado no ha estipulado una fecha, se estima que en pocos días, los mencionados responsables de la administración y el control de los planes PEC y Jefes y Jefas, estaban en conocimiento de todo, tomando en cuenta el grado de conocimiento de todos aquellos que en aquel momento necesitaban trabajar de modo efectivo en el ámbito municipal.
Cabe aclarar, que las acciones se libran contra los funcionarios, puesto que el Municipio no puede ser responsable penalmente, a menos que el Estado Nacional decida intervenir. Tampoco se ha hablado hasta el momento, de “errores” que puedan haber sido cometidos por la entidad bancaria y las empleadas que por entonces, atendían a los beneficiarios en mesas especialmente preparadas en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Los Procesados Tal vez muy pocos, o todos entiendan la gravedad de las acusaciones que se les imputan. Los 40 procesados ya han desfilado por los tribunales.
Es más, casi nadie sabe que las causas ya están en condiciones de ser elevadas a juicio y allí se considerarán los diversos grados de responsabilidad, puesto que en algunos casos cobraron sólo por un mes, y en otros lo hicieron durante más de un año. Para la justicia “parece raro que no se hayan dado cuenta de que estaban cobrando algo que no les correspondía”.
La lista de los 40 procesados se hizo pública a principios de esta semana, cuando los expedientes quedaron a la vista y el rumor comenzó a recorrer los pasillos municipales ya que quienes eran beneficiarios o albañiles hoy están bajo la sospecha de ser “estafadores”.
Hasta el pasado lunes, estaban procesadas las siguientes personas:
Aballay, Carlos; Albano, Mariano; Briche, Adolfo; Budiño, Nancy; Bustamante, Fabián; Cáceres, Omar; Comentti, Atilio; Cariaga, Manuel; Casas, Walter (solo está procesado por una parte, en el resto fue sobreseído); Chiorazo, Silvia; Basaldúa, José; Blanco García, Mario; Bracco, Miguel; Arrúa, José; Culiccinio, Vicente; Comezaña, Alberto; González, Carlos Enrique; González, Carlos Alberto; Gómez, Miguel; Leiva, Raúl; López Noel, Vilmar; Lutri, Hugo; Villalba, José; Estelrrich, Diego; Clemente, Rodolfo; Díaz, Juan José; Duarte, Ernesto; Díaz Garrido, Lucas; Fragi Velo, Luis Fabián; Medina, Guillermo; Molina, Faustino; Montes, Héctor Martín; Novella, Miguel Angel; Ovillar, Walter; Paz, Héctor; Giménez, Diego; Ramos, Marcelo; Villalba, Joaquín; Romero, Mario y Rojas Juan Horacio.
En los próximos días otras 23 personas, podrían quedar en la misma situación, si se comprueba que cobraban los beneficios estando contratados por la Municipalidad para desarrollar distintas tareas.
La pregunta que hoy se hace el Municipio apunta a los motivos por los cuales, las irregularidades se siguieron cometiendo pese a haber inscripto a su personal.
La que se hacen los ciudadanos, es siempre la misma:
¿Cómo puede ser que el dinero público se administre con tanta irresponsabilidad?
Eso sí, hasta el momento nadie ha metido las narices para preguntar qué tareas desarrollan los otros 2.000 planes que aún se pagan sin control de nadie.
Este es el estilo Guacone, "no quiero en mi gabinete gente que no esté procesada", "Eso de que tengan una imagen honesta y salgan por los medios a ventilar nuestros trapitos internos, no me va"
Pensamiento de la gente del corralón: "Puta madre, tras que no nos queda casi nada en el corralón, ahora menos".
Hay cuarenta procesados por los “planes truchos”
Gustavo Hansen y Ángel Álvarez ya tienen pedido de indagatoria en el Juzgado Federal. Se los acusa de Fraude a la Administración Pública. De los 63 beneficiarios sampedrinos, 40 quedaron procesados penalmente. La mayoría se negó a declarar pero ante los mediosdesconocen sus firmas. Hay 23 cuya situación no se resolvió.
La investigación iniciada en el Juzgado Federal, por el Dr. Patricio Murray, a instancias de la Unidad Fiscal de Seguridad Social, comienza a cobrar sus primeras víctimas. Tal como se ha publicado en este medio, desde el año 2006, la Fiscalía estudió el caso de 63 sampedrinos que cobraron durante largo tiempo planes PEC o Jefes y Jefas de Hogar, mientras trabajaban enrelación de dependencia para la comuna.
En principio, de los municipios de la Segunda Sección Electoral, San Pedro y Pergamino parecen encabezar el ranking de irregularidades y es por ello que por segunda vez, la Fiscalía solicitó al Juez Villafuerte Ruzo, la indagatoria para quienes fueron los administradores de los diversos planes: Gustavo Hansen y Ángel Álvarez.
A principios del año en curso, fueron procesados seis, entre los cuales se encuentra quien hoy está a cargo del control de los planes Jefes y Jefas de Hogar, Nancy Budiño y se citó al Secretario de Gobierno, Juan Almada en calidad de testigo, ya que no había desempeñado funciones en el período que comprenden los planes cuestionados.
Empleados asustados Durante los últimos meses, se tomaron las declaraciones. En la mayor parte de los casos, los titulares de los planes recibieron por parte de la Defensoría Oficial, el consejo de negarse a declarar. Sin embargo, esto resultó perjudicial, ya que en los recibos que exhibe la entidad bancaria administradora de los fondos, están las firmas de todos ellos.
Por supuesto, aquellos que pudieron ver la documentación sostuvieron que sus firmas habían sido falsificadas. Y la pregunta es obvia: ¿Quién cobró ese dinero? Para quienes llevan adelante la investigación, mientras no existan pruebas de firmas falsificadas todos son presuntos autores del delito de estafa contra la Administración Pública. La “estafa” está descripta en el artículo 172 del Código Penal y prevee penas que van desde un mes a seis años, de acuerdo a su gravedad, pero… lo que tal vez no saben los procesados es que cuando esa “estafa” se perpetra contra la Administración Pública, la sanción se agrava, tal como lo dispone el artículo 174 inciso 5º, que considera el agravamiento de la pena estipulándola en dos años como mínimo y no excarcelable.
Los funcionarios El pasado 4 de Julio, la Fiscalía del Dr. Juan Patricio Murray reiteró su pedido de citación a declaración indagatoria para Gustavo Hansen y Ángel Álvarez. Si bien aún, el juzgado no ha estipulado una fecha, se estima que en pocos días, los mencionados responsables de la administración y el control de los planes PEC y Jefes y Jefas, estaban en conocimiento de todo, tomando en cuenta el grado de conocimiento de todos aquellos que en aquel momento necesitaban trabajar de modo efectivo en el ámbito municipal.
Cabe aclarar, que las acciones se libran contra los funcionarios, puesto que el Municipio no puede ser responsable penalmente, a menos que el Estado Nacional decida intervenir. Tampoco se ha hablado hasta el momento, de “errores” que puedan haber sido cometidos por la entidad bancaria y las empleadas que por entonces, atendían a los beneficiarios en mesas especialmente preparadas en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Los Procesados Tal vez muy pocos, o todos entiendan la gravedad de las acusaciones que se les imputan. Los 40 procesados ya han desfilado por los tribunales.
Es más, casi nadie sabe que las causas ya están en condiciones de ser elevadas a juicio y allí se considerarán los diversos grados de responsabilidad, puesto que en algunos casos cobraron sólo por un mes, y en otros lo hicieron durante más de un año. Para la justicia “parece raro que no se hayan dado cuenta de que estaban cobrando algo que no les correspondía”.
La lista de los 40 procesados se hizo pública a principios de esta semana, cuando los expedientes quedaron a la vista y el rumor comenzó a recorrer los pasillos municipales ya que quienes eran beneficiarios o albañiles hoy están bajo la sospecha de ser “estafadores”.
Hasta el pasado lunes, estaban procesadas las siguientes personas:
Aballay, Carlos; Albano, Mariano; Briche, Adolfo; Budiño, Nancy; Bustamante, Fabián; Cáceres, Omar; Comentti, Atilio; Cariaga, Manuel; Casas, Walter (solo está procesado por una parte, en el resto fue sobreseído); Chiorazo, Silvia; Basaldúa, José; Blanco García, Mario; Bracco, Miguel; Arrúa, José; Culiccinio, Vicente; Comezaña, Alberto; González, Carlos Enrique; González, Carlos Alberto; Gómez, Miguel; Leiva, Raúl; López Noel, Vilmar; Lutri, Hugo; Villalba, José; Estelrrich, Diego; Clemente, Rodolfo; Díaz, Juan José; Duarte, Ernesto; Díaz Garrido, Lucas; Fragi Velo, Luis Fabián; Medina, Guillermo; Molina, Faustino; Montes, Héctor Martín; Novella, Miguel Angel; Ovillar, Walter; Paz, Héctor; Giménez, Diego; Ramos, Marcelo; Villalba, Joaquín; Romero, Mario y Rojas Juan Horacio.
En los próximos días otras 23 personas, podrían quedar en la misma situación, si se comprueba que cobraban los beneficios estando contratados por la Municipalidad para desarrollar distintas tareas.
La pregunta que hoy se hace el Municipio apunta a los motivos por los cuales, las irregularidades se siguieron cometiendo pese a haber inscripto a su personal.
La que se hacen los ciudadanos, es siempre la misma:
¿Cómo puede ser que el dinero público se administre con tanta irresponsabilidad?
Eso sí, hasta el momento nadie ha metido las narices para preguntar qué tareas desarrollan los otros 2.000 planes que aún se pagan sin control de nadie.
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