Para que no se diga, que aquí en SP, nadie hablaba de la ley de medios, este escrito pertence a un periodista objetivo, que desde hace más de un año viene hablando del tema.
Fuente: La cabalgata de las Valquirias.
En plena discusión sobre la posibilidad de una nueva Ley de Radiodifusión que elimine la de la dictadura, un repaso por la legislación en el país. La comunicación como derecho. La necesidad de la pluralidad de voces y la diversidad cultural. Una mirada sobre el poder de los medios y el fin del periodismo.
En plena discusión sobre la posibilidad de una nueva Ley de Radiodifusión que elimine la de la dictadura, un repaso por la legislación en el país. La comunicación como derecho. La necesidad de la pluralidad de voces y la diversidad cultural. Una mirada sobre el poder de los medios y el fin del periodismo.
16 de Julio de 2008.-
Por Rafael Flaiman
El cuerpo legal que rige la radiodifusión en nuestro país es un mamotreto firmado por Jorge Videla en 1980 y emparchado interminablemente. El curioso puede leer entero el trabajo de la cátedra Mastrini en la UBA sobre la historia de la legislación sobre el tema en Argentina. Aquí repasaremos algunas cositas.
La ley de la dictadura y las consecuentes tachaduras y remiendos puestos fundamentalmente desde los 90 a esta parte, con la ley de Reforma del Estado en el medio, sostuvieron el espíritu de la legislación sobre el tema en países como el nuestro: la comunicación como mercancía, y, bueno, sí, como servicio público, un poquito.
Si en los lejanos 80, el premio Nobel y premio Lenin Sean McBride y su informe intentaron poner una traba a la lógica que imperaba, el retiro de fondos a la ONU de Estados Unidos, Inglaterra y Japón anunció lo que vendría: la mundialización de la comunicación, el orden mundial comunicable no se negociaría. A quien, como a este cronista, le gusten los datos, vaya a Armand Mattelart, La Mundialización de la comunicación, verá entre otras cosas cómo se fusionaron AOL-Time-Turner-Warner, las cadenas más importantes del mundo. Si gusta más, lea el anexo a esta nota sobre el grupo Telefónica en Argentina. Si quiere trazar parangones, échele una miradita a Gigante Invisible, Cargill y sus estrategias trasnacionales, de Brewster Kneen; como para ver que la cosa viene grande y por todos lados. ¿Globalización dijo?
Volvamos a la ley. En su Teoría jurídico-política de la comunicación, Eduardo Luis Duhalde (el bueno, Abogado defensor de presos políticos durante la dictadura, profesor de la UBA, actual Secretario de Derechos Humanos de la Nación) y Luis Alén (abogado especialista en la faz penal de los temas sobre libertad de expresión) advierten que nuestra Constitución es “pobre y obsoleta” en la materia. Se salva la cosa en la reforma de 1994 con la incorporación, con rasgos constitucionales, de los tratados y declaraciones internacionales relativos a los derechos humanos, que, como bien dicen Duhalde y Alén, “resulta paliativa de esa orfandad”.
Desde el decreto 21.044/33 que reglamentó la ley 9.127 y se transformó en el Reglamento de Radiocomunicaciones, la preocupación por la conformación de monopolios es una constante. Incluso la propia ley de la dictadura, la 22.285, en su artículo 45, impedía la formación de multimedios. Se tata entonces de la cuestión de la pluralidad. Como buenos herederos del pensamiento decimonónico francés, inglés y norteamericano, por estos lares también reinó la idea de que a mayor libertad de prensa mayor democracia. Por supuesto que la democracia liberal representativa tiene sus trampas, y otras tantas tiene el libremercado. Ambas atentaron históricamente contra la participación real de todos los actores de la sociedad en las cuestiones de orden público. Y la comunicación es una cuestión de orden público.
En Argentina, el artículo 5 de la primera Ley de Radiodifusión, la de 1953, consideraba a la comunicación como un “servicio basado en el principio de subordinación del interés particular al interés social, cultural, económico y político de la Nación”, por lo que implicaba la participación activa del Estado. En los 60, el decreto-ley 15.460 prohibía la existencia de cadenas, aunque hay que decir que siempre se las arreglaron para funcionar de hecho. Alguien podrá decir “hecha la ley hecha la trampa”. Se acepta. En 1987 nuestro país ratificó el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Nairobi, Kenia, a través de la ley 23.478, otorgándole a las frecuencias radioeléctricas el carácter de recursos naturales limitados: la comunicación como derecho.
Existen una importante cantidad de tratados internacionales e interamericanos que sostienen la idea de la comunicación como derecho. El derecho a la información, a la libre opinión y expresión, al acceso a la información. Pero de hecho, en un universo mediático donde pocos grupos económicos dominan el espectro, la pluralidad de voces es letra muerta, engaño, mera juridicidad abstracta, chamuyo. Plural debe ser el acceso a licencias, para que todos los actores sociales, organizados en sujetos colectivos representativos, puedan comunicar. Plural debe ser el acceso a la información, para que todos podamos saber de qué se trata. Plural deben ser las voces que se escuchen, atendiendo a la diversidad cultural realmente existente en la vastedad de este país, a su riqueza, pero, fundamentalmente a sus particularidades.
Los últimos veinte años juegan a favor de ello. El largo y tedioso pero fascinante Un mundo sin periodistas, de Horacio Verbitsky, narra lo difícil que puede ser pensar a la comunicación como un derecho cuando al poder no le gusta, siempre poniendo el eje más en los poderes económicos que corrompen políticos que en los políticos mismos, recordándonos que estar en el gobierno no es estar en el poder. La actualidad muestra una actitud social impensable hasta ahora: el romanticismo creado en torno de los periodistas y los medios se resquebraja. Cae el prestigio de los periodistas. Cae, al fin, el héroe. Hay quien afirma que estamos en el camino a la desaparición del periodismo profesional. Este cronista sospecha que no es tan así, pero considera que los medios comerciales de comunicación, con su lógica mercantil que los hace vivir más de aquello que ocultan para negociar que de lo que muestran para denunciar, están perdiendo terreno ante los nuevos medios sociales de comunicación, donde diversidad y pluralidad son la sangre. Aquellos donde empezamos a creer que se puede hacer algo y se puede hacer posible.
La ley de la dictadura y las consecuentes tachaduras y remiendos puestos fundamentalmente desde los 90 a esta parte, con la ley de Reforma del Estado en el medio, sostuvieron el espíritu de la legislación sobre el tema en países como el nuestro: la comunicación como mercancía, y, bueno, sí, como servicio público, un poquito.
Si en los lejanos 80, el premio Nobel y premio Lenin Sean McBride y su informe intentaron poner una traba a la lógica que imperaba, el retiro de fondos a la ONU de Estados Unidos, Inglaterra y Japón anunció lo que vendría: la mundialización de la comunicación, el orden mundial comunicable no se negociaría. A quien, como a este cronista, le gusten los datos, vaya a Armand Mattelart, La Mundialización de la comunicación, verá entre otras cosas cómo se fusionaron AOL-Time-Turner-Warner, las cadenas más importantes del mundo. Si gusta más, lea el anexo a esta nota sobre el grupo Telefónica en Argentina. Si quiere trazar parangones, échele una miradita a Gigante Invisible, Cargill y sus estrategias trasnacionales, de Brewster Kneen; como para ver que la cosa viene grande y por todos lados. ¿Globalización dijo?
Volvamos a la ley. En su Teoría jurídico-política de la comunicación, Eduardo Luis Duhalde (el bueno, Abogado defensor de presos políticos durante la dictadura, profesor de la UBA, actual Secretario de Derechos Humanos de la Nación) y Luis Alén (abogado especialista en la faz penal de los temas sobre libertad de expresión) advierten que nuestra Constitución es “pobre y obsoleta” en la materia. Se salva la cosa en la reforma de 1994 con la incorporación, con rasgos constitucionales, de los tratados y declaraciones internacionales relativos a los derechos humanos, que, como bien dicen Duhalde y Alén, “resulta paliativa de esa orfandad”.
Desde el decreto 21.044/33 que reglamentó la ley 9.127 y se transformó en el Reglamento de Radiocomunicaciones, la preocupación por la conformación de monopolios es una constante. Incluso la propia ley de la dictadura, la 22.285, en su artículo 45, impedía la formación de multimedios. Se tata entonces de la cuestión de la pluralidad. Como buenos herederos del pensamiento decimonónico francés, inglés y norteamericano, por estos lares también reinó la idea de que a mayor libertad de prensa mayor democracia. Por supuesto que la democracia liberal representativa tiene sus trampas, y otras tantas tiene el libremercado. Ambas atentaron históricamente contra la participación real de todos los actores de la sociedad en las cuestiones de orden público. Y la comunicación es una cuestión de orden público.
En Argentina, el artículo 5 de la primera Ley de Radiodifusión, la de 1953, consideraba a la comunicación como un “servicio basado en el principio de subordinación del interés particular al interés social, cultural, económico y político de la Nación”, por lo que implicaba la participación activa del Estado. En los 60, el decreto-ley 15.460 prohibía la existencia de cadenas, aunque hay que decir que siempre se las arreglaron para funcionar de hecho. Alguien podrá decir “hecha la ley hecha la trampa”. Se acepta. En 1987 nuestro país ratificó el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Nairobi, Kenia, a través de la ley 23.478, otorgándole a las frecuencias radioeléctricas el carácter de recursos naturales limitados: la comunicación como derecho.
Existen una importante cantidad de tratados internacionales e interamericanos que sostienen la idea de la comunicación como derecho. El derecho a la información, a la libre opinión y expresión, al acceso a la información. Pero de hecho, en un universo mediático donde pocos grupos económicos dominan el espectro, la pluralidad de voces es letra muerta, engaño, mera juridicidad abstracta, chamuyo. Plural debe ser el acceso a licencias, para que todos los actores sociales, organizados en sujetos colectivos representativos, puedan comunicar. Plural debe ser el acceso a la información, para que todos podamos saber de qué se trata. Plural deben ser las voces que se escuchen, atendiendo a la diversidad cultural realmente existente en la vastedad de este país, a su riqueza, pero, fundamentalmente a sus particularidades.
Los últimos veinte años juegan a favor de ello. El largo y tedioso pero fascinante Un mundo sin periodistas, de Horacio Verbitsky, narra lo difícil que puede ser pensar a la comunicación como un derecho cuando al poder no le gusta, siempre poniendo el eje más en los poderes económicos que corrompen políticos que en los políticos mismos, recordándonos que estar en el gobierno no es estar en el poder. La actualidad muestra una actitud social impensable hasta ahora: el romanticismo creado en torno de los periodistas y los medios se resquebraja. Cae el prestigio de los periodistas. Cae, al fin, el héroe. Hay quien afirma que estamos en el camino a la desaparición del periodismo profesional. Este cronista sospecha que no es tan así, pero considera que los medios comerciales de comunicación, con su lógica mercantil que los hace vivir más de aquello que ocultan para negociar que de lo que muestran para denunciar, están perdiendo terreno ante los nuevos medios sociales de comunicación, donde diversidad y pluralidad son la sangre. Aquellos donde empezamos a creer que se puede hacer algo y se puede hacer posible.
5 comentarios:
Bueno, Rafael, es medio contradictorio porque justamente trabajás en un medio que está totalmente en contra de la nueva ley...
Bueno, si nos aguantamos, salvando las distancias, que Cobos siga cobrando, siendo no solamente, un contrario al gobierno con el cual compartió la plataforma, que lo ubicó en él lugar donde se encuentra hoy, sino un gran confabulador las 24 horas del día, ¿no le vamos a pedir a Flaiman que renuncie?
Jajajajaja
¡Renuncie Montonero Flaiman!
¡Renuncie!
Por este tiempo solo abogo para que salga la ley que está
en el Senado.
La vigilia se torna ansiosa
porque el miedo es
que alguno falte "a la cita".
Muchos saludos
Adal
che,citan al autor pero no la fuente y el escrito dice q tiene un anexo
Arreglado el tema de la fuente, y el link a la nota sobre telefónica.
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