Los compañeros de La Cámpora editaron este material de capacitación para la militancia.
Prensa La Cámpora
jueves 16 de julio de 2009
jueves 16 de julio de 2009
En los últimos 2 años el Instituto Nacional de Estadística y censos viene siendo objeto de un sostenido ataque por parte de los medios de comunicación, al punto que se ha hecho habitual en la fauna televisiva, gráfica y radial, la presencia de supuestos expertos en temas estadísticos, sociales y económicos, que de un lado cuestionan al INDEC y de otro promocionan sus empresas de consultoría.
En este contexto, cabe preguntarse entonces cuál es la razón por la que un organismo como el INDEC, que hasta no hace mucho tiempo atrás era totalmente desconocido por la mayoría de la población, ha cobrado semejante nivel de notoriedad.
O, lo que para el caso es igual, se impone indagar qué intereses anidan tras la embestida que viene sufriendo el instituto.
El asunto no es menor, pues contrariamente al relato simplista que han instalado los medios de comunicación, advertimos que existen motivos más profundos que explican el nerviosismo que ha despertado el saneamiento del programa Indice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.
Veamos:
Cerca del 42% de la deuda pública de Argentina, estimada hoy en el orden de los 145.000 millones de dólares, se actualiza por el CER, basado en el IPC elaborado, precisamente por el INDEC.
Esto significa que todos aquellos grupos financieros – donde se destacan los fondos de inversión (fondos buitres) que tienen en sus manos bonos de la deuda argentina actualizados por el CER, están muy interesados en aumentar por cualquier medio el valor de esos bonos.
Así podrían embolsar fabulosos (e ilegítimos) réditos a costa del endeudamiento del pueblo argentino.
De esta forma, la suba del IPC – presentado erróneamente por los medios como inflación se traduce de manera directa en cuantiosas ganancias a favor de gigantescos consorcios especulativos que fueron acaparando miles de millones de bonos de deuda argentina.
Para ponerlo en números: cada punto del IPC representa, según los cálculos más conservadores, unos 500 millones de dólares.
Una simple operación aritmética basta para apreciar la magnitud de intereses que convergen a la hora de impugnar el trabajo del INDEC: El IPC realizado por el organismo arrojó en 2008 una variación de precios de 8.5%.
En tanto, consultores privados, cuyos informes han sido reproducidos hasta el hartazgo por los lobistas del grupo Clarín y La Nación, afirman que el número real se acercó al 30%.
Ello supone una diferencia de más de 21 puntos entre uno y otro cálculo, lo que traducido a números nos da una cifra cercana a los 10.000 millones de dólares, es decir, casi el 20% de las reservas con que cuenta actualmente el país.
Como puede apreciarse, el monto en juego otorga una buena excusa para que determinados grupos de interés presionen por todos los medios a su alcance por una suba en el índice y el retorno de los autodenominados técnicos al Instituto, y para que los voceros de los grupos económicos concentrados se sumen gustosos a la operación de descrédito que injustamente viene padeciendo el INDEC.
En este contexto, cabe preguntarse entonces cuál es la razón por la que un organismo como el INDEC, que hasta no hace mucho tiempo atrás era totalmente desconocido por la mayoría de la población, ha cobrado semejante nivel de notoriedad.
O, lo que para el caso es igual, se impone indagar qué intereses anidan tras la embestida que viene sufriendo el instituto.
El asunto no es menor, pues contrariamente al relato simplista que han instalado los medios de comunicación, advertimos que existen motivos más profundos que explican el nerviosismo que ha despertado el saneamiento del programa Indice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.
Veamos:
Cerca del 42% de la deuda pública de Argentina, estimada hoy en el orden de los 145.000 millones de dólares, se actualiza por el CER, basado en el IPC elaborado, precisamente por el INDEC.
Esto significa que todos aquellos grupos financieros – donde se destacan los fondos de inversión (fondos buitres) que tienen en sus manos bonos de la deuda argentina actualizados por el CER, están muy interesados en aumentar por cualquier medio el valor de esos bonos.
Así podrían embolsar fabulosos (e ilegítimos) réditos a costa del endeudamiento del pueblo argentino.
De esta forma, la suba del IPC – presentado erróneamente por los medios como inflación se traduce de manera directa en cuantiosas ganancias a favor de gigantescos consorcios especulativos que fueron acaparando miles de millones de bonos de deuda argentina.
Para ponerlo en números: cada punto del IPC representa, según los cálculos más conservadores, unos 500 millones de dólares.
Una simple operación aritmética basta para apreciar la magnitud de intereses que convergen a la hora de impugnar el trabajo del INDEC: El IPC realizado por el organismo arrojó en 2008 una variación de precios de 8.5%.
En tanto, consultores privados, cuyos informes han sido reproducidos hasta el hartazgo por los lobistas del grupo Clarín y La Nación, afirman que el número real se acercó al 30%.
Ello supone una diferencia de más de 21 puntos entre uno y otro cálculo, lo que traducido a números nos da una cifra cercana a los 10.000 millones de dólares, es decir, casi el 20% de las reservas con que cuenta actualmente el país.
Como puede apreciarse, el monto en juego otorga una buena excusa para que determinados grupos de interés presionen por todos los medios a su alcance por una suba en el índice y el retorno de los autodenominados técnicos al Instituto, y para que los voceros de los grupos económicos concentrados se sumen gustosos a la operación de descrédito que injustamente viene padeciendo el INDEC.
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