Inconseguible, Recomendado I

 El Mundo Según Monsanto, obra de la periodista francesa Marie Monique Robin

Este libro se encuentra agotado, con confirmación de una nueva edición por salir a la venta. El retardo de la misma, lo imposible de conseguirle y su rápido agotamiento en las librerías del país de su primera, hace suponer que, realmente se está tomando conciencia y lo está leyendo mucha gente, o que el grupo de Agroligarcas que tiene este país, está destinando algo de su renta extraordinaria sojera, para que esta edición no salga a la luz. 

“Un pueblo que se dedica a un solo cultivo se suicida”  es el ensayo periodístico más leído de los últimos meses en Francia y está dedicado en gran parte a la Argentina. En esta entrevista, su autora, Marie-Monique Robin se pregunta qué pudo haber ocurrido para que ‘Eduardo Buzzi cambie de bando en tres años’.

 
-¿Cuáles son los aspectos ligados al modelo de explotación agrícola en Argentina que, según lo que usted pudo investigar en nuestro país, han quedado hasta ahora afuera de la discusión política?

-Si bien es necesario que el Gobierno intente reglamentar las exportaciones debería, sobre todo, limitar la expansión absolutamente demencial de la soja transgénica. Aunque las retenciones contribuyen a limitar la producción indiscriminada, no es suficiente. A mi juicio es urgente analizar el peligro de los organismos genéticamente modificados (OGM) a fondo. En la actualidad la producción cubre un total de 18 millones de hectáreas. ¿Y esto que quiere decir? Una sola cosa: aumento del monocultivo. Se trata de una constatación que, para mí, es inobjetable y confirma lo que había observado hace tres años, en otra visita que hice a la Argentina. La frase ‘Un pueblo que se dedica al monocultivo se suicida’ es evidente en este caso. Lo que hay que entender es que la expansión de la soja transgénica va en detrimento de los pequeños y medianos productores, al verse obligados a abandonar la producción de alimentos para la población. En primer lugar, porque las semillas que suministra la multinacional Monsanto, de nombre Roundup Ready (Soja RR), se fumigan con el herbicida Roundup, de modo que el resto de las tierras queda contaminado, puesto que es un herbicida muy volátil. Es decir, los pequeños agricultores deben abandonar su hacienda porque sus plantaciones son sencillamente destruidas por el herbicida. La soja provoca problemas sanitarios graves. Y esto ha sido confirmado por un informe del Hospital Italiano de Rosario. Pero también constituye un terrible problema social. No regular la producción de soja transgénica es darle la llave de la agricultura del país a unos inversores que nada tienen que ver con la agricultura. Darles todo el poder de maniobra a los ‘pools de siembra’, como lo describía Eduardo Buzzi en una entrevista que le realicé en 2005, es poner en juego la seguridad alimentaria de la Argentina.

-¿Cómo fue el desembarco de las semillas de Monsanto en la producción agrícola Argentina? ¿Tuvo resistencias este modelo?

-En 2005 Monsanto y el gobierno argentino estaban en medio de un conflicto por el tema de las regalías que la multinacional estadounidense pretendía cobrar por la exportación de la soja, ya que Argentina no reconoce la patente que reclama Monsanto sobre el gen Roundup Ready. Por ese tiempo Monsanto quería cobrarle 15 dólares a cada cargamento de granos o harina de soja a su llegada a los puertos europeos, ante la imposibilidad de cobrar tres dólares a los productores en territorio argentino. Allí Monsanto comenzaba a mostrar su verdadera cara. Pero antes, en la década de 1990, la totalidad de los productores recibieron a esta empresa con entusiasmo, por supuesto. Recuerdo haber entrevistado a agricultores que me dijeron que, al principio, llamaban a las semillas transgénicas ’semillas mágicas’. Inclusive Buzzi me había dicho en esa oportunidad: ‘Nosotros sostuvimos ese modelo, pero caímos en la trampa. Estaba todo calculado’.

-¿De qué se trata el llamado ‘principio de equivalencia en sustancia’, retomado en Argentina?

-Este principio aceptado inicialmente en los Estados Unidos no tiene ninguna base científica que lo valide. Sin embargo, al impedir que los OGM sean considerados como aditivos alimentarios, las empresas de biotecnología pudieron evadir pruebas toxicológicas y evitar el etiquetado especial de sus productos. La decisión que permitió comercializar los OGM sin ninguna evaluación fue aceptada también en la Argentina. Gracias a estas mentiras los OGM llegaron al país y desde allí invadieron Paraguay y Brasil, donde no estaban autorizados. Como me había dicho Eduardo Buzzi en 2005, se trató de una estrategia planificada por Monsanto para forzar la legalización y generalización de los OGM. Como Brasil no autorizaba los transgénicos, Monsanto se implantó en la Argentina de Menem y desde allí elaboró su estrategia, que terminó contaminando a buena parte de América del Sur.

-¿Le parece lógico que durante el conflicto por las retenciones, el presidente de la Federación Agraria Argentina se uniera a los ‘pools de la siembra’, como él mismo los apodaba?

-Que Eduardo Buzzi en un comienzo haya defendido el modelo de la soja transgénica es posible, porque para él, como para muchos productores, se trataba de ’semillas mágicas’. Es decir, se puede entender que los productores, dejándose llevar por la propaganda fraudulenta, hayan creído en lo que Monsanto les prometía. Lo realmente curioso, y que da lugar a sospechas, es que hoy en día Buzzi se haya cambiado de bando, por así decirlo, y comulgue con los ‘pools de la siembra’, que en 2005 le habían tendido una trampa. Me pregunto ¿qué habrá pasado desde 2005 que explique ese cambio abrupto de posición? Yo filmé a Buzzi hace tres años para un documental sobre la soja en Argentina, que transmitió la cadena francoalemana Arte. Allí, Eduardo Buzzi hacía un balance del modelo agrícola sojero, y concluía señalando que lo único que podía garantizar la seguridad alimentaria del país era la pequeña y mediana agricultura, a partir del suministro de cultivos diversificados. En esa oportunidad, Buzzi diferenciaba a los productores nucleados en la Federación Agraria de lo que él llamaba ‘un modelo agrícola destinado al agrobusiness’ . Ahora bien: ¿qué hace hoy en día Buzzi? Está con los ‘pools de la siembra’. ¿Qué pasó? No sé exactamente, no tengo pruebas. Todo lo que puedo decir es que Monsanto desembarcó en Argentina en 1997, e impuso los OGM en un gobierno corrupto como el de Carlos Menem. Y en esa operación es muy probable que haya habido maniobras oscuras. Monsanto tiene una vasta experiencia en hacer cambiar de opinión a la gente.

-En uno de los capítulos de su libro, usted habla del rol que juegan ciertos medios de comunicación en la difusión y apoyo de los OGM en nuestro país. ¿En que consiste este apoyo concretamente?

-Hay medios de comunicación en Argentina que hacen claramente propaganda de los OGM. Al leer diarios como Clarín vemos perfectamente este tipo de discursos y nos hace por lo menos sospechar que, en ese ámbito, habría también una importante corrupción. Cuando uno lee los artículos de su colega Héctor Huergo de Clarín Rural, no puede más que preguntarse cuál es la relación de este hombre con Monsanto. Lo que escribe es propaganda pura, con informaciones falsas. Se les quiere hacer creer a los lectores que van a terminar con el hambre gracias a los OGM, que no habrá más problemas de malnutrición, pero es mentira. Estas cosas hay que investigarlas en profundidad. Hay que tener en cuenta que Monsanto es capaz de corromper al más fuerte. En Indonesia, por ejemplo, hay casos probados y condenas a Monsanto por corromper a más de cien funcionarios del gobierno.

-En general, los antecedentes non sanctos de Monsanto son poco a nada conocidos, o por lo menos no han sido lo suficientemente difundidos…

-En Argentina los medios no dicen que Monsanto ha sido condenada en Estados Unidos y Francia por publicidad falsa, que no tienen más derecho a marcar en sus productos que no afectan al medioambiente. He verificado en varios países la manera de actuar de Monsanto: compran… En el libro y en el film se demuestra que hubo científicos comprados durante más de 20 años para contar mentiras. Hoy sabemos que el Roundup es cancerígeno. Está claro que en un tiempo será prohibido, como ocurrió con tantos productos de Monsanto en el pasado (el PCB, la dioxina, entre otros) que generaron polución en el planeta por cuarenta años y que finalmente fueron prohibidos. El Roundup es altamente tóxico, en la Argentina más de la mitad de las tierras cultivadas son regadas con un producto que no es biodegradable, que llega a las napas freáticas, que contamina los suelos. Al ritmo actual, a mediano plazo los suelos serán inutilizables. Los OGM manipulados resisten al Roundup y lo absorben. Cuando una madre argentina les da la denominada leche de soja a sus hijos, les está dando un producto regado con una sustancia tóxica. Hoy tienen la oportunidad de hacer un balance y sacar conclusiones, es lo que debería hacer el Parlamento. Hoy los productores ya no pueden decir que no saben. Hoy hay pruebas, tenemos los datos. Sabemos que la soja transgénica va a generar enfermedades y va a disminuir el rendimiento de la tierra. En Argentina hay que hacer una evaluación seria antes de que sea demasiado tarde. Hay que dejar bien claro que esta empresa no quiere ganarle al hambre sino hacer grandes negocios.

-Los países europeos debaten en la actualidad sobre los OGM y estudian los controles a poner en práctica. ¿Cuál es la situación en Francia?

-En Francia, al igual que en el resto de los países, hay sectores que proponen legalizarlos. Conozco bien al sector del campo francés porque soy hija de agricultores. Estamos en lo que yo llamaría una guerra de información. Hay agricultores que durante encuentros de discusión me dicen que los OGM les permitirían usar menos pesticidas. ¡Cómo menos pesticidas! Si se trata de plantas que producen tóxicos y que desarrollan una resistencia cada vez mayor a los pesticidas utilizados. Cuando la discusión es profunda se entiende, pero hay una enorme propaganda. Claro que los agricultores, no los pools de siembra que son industriales y especuladores, tienen problemas en todo el mundo. Los verdaderos agricultores son víctimas de estos nuevos modelos, no les alcanza para vivir y se los inunda con la publicidad de estas ’semillas mágicas’. En Francia también existe un lobby muy fuerte de los grandes agricultores que militan por la introducción de los OGM. También hay diputados franceses que mienten en la Asamblea Nacional en defensa de los intereses de estas empresas. En Francia, algunos senadores tuvieron el coraje de denunciar que los legisladores son presionados por Monsanto. El aspecto esencial de esta disputa es controlar las semillas, que son el primer eslabón de la cadena alimentaría. Lo que le interesa a Monsanto es vender el Roundup y tener las patentes sobre las semillas para luego cobrar las regalías sobre la producción ajena. Hoy, en países como la India, sólo hay semillas transgénicas. Monsanto compró todas las empresas semilleras, y los campesinos que comienzan a ver los efectos negativos ya no tienen cómo volver atrás. Peor aún, los agricultores deben pagarle regalías a Monsanto al utilizar las semillas o les mandan la policía. Es un negocio redondo. Lo mismo intentó Monsanto en la Argentina. Primero dijeron que no cobrarían regalías, pero en 2005 cambiaron el discurso por el de o nos pagan o vamos a un conflicto fuerte.

-¿Cómo puede salir Argentina de este chantaje que usted describe?

-Todavía es posible. Recordemos que Monsanto tuvo mucha suerte, porque Argentina no era un país productor de soja. El primer productor de soja en América latina era Brasil. Si Argentina hoy es un enorme productor se debe a una circunstancia particular: la gran crisis del 2001. Argentina necesitaba encontrar una salida, y al mismo tiempo la crisis de la vaca loca en Europa generó la prohibición de harinas animales y la necesidad de soja. Esta doble coincidencia benefició a Monsanto. Pero en la actualidad la mitad de los campos de la Argentina están contaminados de OGM, y ésta es una lógica muy cercana a la de tener un país endeudado. Continuar con este modelo sin regulaciones importantes sería pensar a cortísimo plazo. Ya no se trata de la salida de una crisis extrema sino de la viabilidad de un modelo a largo plazo. Esto significa analizar todos los datos y actuar en consecuencia con una visión clara. No hay que olvidar que por el momento Argentina no reconoce la patente sobre el gen Roundup Ready, pero las presiones en la Organización Mundial de Comercio son enormes. Si se llega a la uniformización del sistema de patentes, es decir a la imposición del sistema norteamericano, los problemas de Argentina serán mayores. El debate ciudadano sobre estos temas es fundamental, el debate político en el Parlamento es esencial aunque genere manifestaciones. En Europa, los movimientos de resistencia a los OGM son cada vez más fuertes, debemos alentar la agricultura natural que es la única salida. La pregunta es cómo volver a estos modelos naturales cuando Argentina tiene 18 millones de hectáreas regadas con Roundup.

-¿Está al tanto de que el sector que se opone a las retenciones subraya que, con el avance de la producción de la soja se ganará la guerra contra el hambre?

-Sí, lo sé, y es completamente falso. Los OGM son todo lo contrario, reproducen el hambre a largo plazo justamente porque condenan a los países al monocultivo, como señalaba antes. La prueba está en que, con el avance de la soja, en la Argentina un alto porcentaje de los tambos se están cerrando, por culpa del Roundup desperdigado por los pastizales. La soja se cultiva cerca de donde pastan los animales. Una vez que las vacas se alimentan de las hierbas contaminadas con herbicida quedan afuera del proceso de producción de productos lácteos. Lo mismo ocurre con la producción de arroz y lentejas, que están en la base de la cultura alimentaria argentina, que también ha disminuido considerablemente, sin contar el hecho de las grandes superficies de árboles que fueron arrancados para cultivar soja, sobre todo en el norte del país. Todo un desastre ecológico destinado a producir alimento para vacunos, bobinos y pollos de Europa.

Heber Ostroviesky y Enrique Schmukler
Página 12

Cuando Solá trabajó para Monsanto

El estudio de Campo


El ingeniero agrónomo Felipe Solá hizo el estudio de campo para la investigación de mercado del Roundup, el denominado herbicida total de Monsanto. En 1996, como secretario de Agricultura de Menem y Cavallo, autorizó la introducción de la soja transgénica resistente a ese poderoso veneno. En esta entrevista, el ex funcionario defiende su actuación y critica la política posterior a su renuncia.

Por Horacio Verbitsky

El ex secretario de agricultura Felipe Solá, quien en 1996 autorizó la introducción de la soja transgénica resistente al glifosato, había realizado antes el estudio de campo para Monsanto en una investigación de mercado sobre el Roundup, la marca de la transnacional estadounidense para el glifosato. Así lo explicó el propio Solá, en la entrevista que se publica aquí. También confirmó el rol decisivo del ingeniero Héctor Huergo en la introducción de los cultivos industriales, el pesticida de Monsanto y los biocombustibles, que Solá engloba con algún pudor como “incorporación masiva de tecnología”.

El nombre de Solá no figura en el estudio, que comprendió viajes suyos a varias provincias, porque, según dijo, fue un colaborador part-time del ingeniero agrónomo Marcelo Regúnaga, quien sí puso su firma en el trabajo. También dijo que no tuvo contactos posteriores con Monsanto y que no le ofrecieron sobornos para su autorización. La lectura del expediente administrativo, consumado en apenas 81 días y antes de que se firmara el dictamen jurídico, con 136 desordenados folios, de los cuales 108 corresponden a un trabajo de Monsanto sobre su producto, que ni siquiera fue traducido al castellano, justifican la pregunta al responsable. Consultado para esta nota, Regúnaga confirmó la participación de Solá en el estudio, cuyo propósito era estimar cuánto podía crecer la demanda de herbicidas, entre ellos el Roundup, que no era el único que comercializaba Monsanto. Solá, que era ayudante en la cátedra de Administración Rural de Regúnaga, colaboró en la consultoría y viajó a Tucumán para entrevistar a productores de caña de azúcar. En la región pampeana el cuestionario se presentaba a productores de maíz y soja, que aún no era el cultivo principal. Según Regúnaga fue un pequeño estudio técnico exploratorio que se realizó en pocas semanas, cuando Monsanto era una empresa más orientada a los químicos en general que al agro y no existían los transgénicos. Los herbicidas se usaban para combatir ciertas malezas permanentes, muy difíciles de controlar, como el sorgo de alepo y el gramón. El impacto del glifosato era bajísimo y no se podía estimar todavía la magnitud de uso que tendría en los noventa, agregó. En 1989, cuando el presidente Carlos Menem le encomendó la Secretaría de Agricultura y Pesca, Solá designó a Regúnaga como su principal colaborador. Regúnaga es un entusiasta defensor del producto de Monsanto, de lo que se informará en otra nota.

Solá dice que no se arrepiente de nada de lo actuado y cuestiona la política seguida por el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y de CFK, o su ausencia, y plantea un debate sobre la introducción de los cultivos transgénicos y la forma en que se manejaron, cuando él ya había dejado su cargo.
El discurso moderno

–¿Por qué el ingeniero Héctor Huergo (creador y columnista de Clarín Rural) estuvo sólo unos meses al frente del INTA?

Felipe Solá: –Huergo estuvo en el INTA entre febrero y noviembre de 1994. Era conocida su vocación por la incorporación masiva de tecnología. El venía sosteniendo que el modelo sostenido durante el gobierno de Alfonsín, con retenciones y tipos de cambios diferenciales, había condenado al campo al atraso tecnológico, y que el INTA y otros organismos técnicos sólo desarrollaban técnicas de aguante. La Argentina no fertilizaba, el uso de herbicidas e insecticidas se limitaba al de algunos productos clásicos, y los modernos (menos agresivos) eran carísimos porque se pagaban con un dólar que costaba el doble que el dólar al cual el campo vendía. Huergo pensaba que la convertibilidad, a pesar de los graves problemas de adaptación que generaba para los pequeños y medianos productores, sobre todo para los pequeños, era una clara oportunidad para acortar la brecha tecnológica con el mundo agrícola desarrollado. Y acusaba al INTA de atraso en adaptarse a esa circunstancia. Estuvo en el INTA hasta que, según dijo, fracasaron sus esfuerzos por introducir un discurso moderno, privilegiando el sendero de la intensificación por sobre todas las cosas, dado el atraso y la falta de productividad que se advertían. Se peleó siempre con el Consejo Directivo integrado por las entidades del campo y otros y no tuvo mucha cintura (sostenía que su tiempo era veloz y el del Consejo Directivo de una cadencia diferente). Quiso al final incorporar una planta de biodiesel donada por un organismo francés y no consiguió la aprobación del directorio y se fue comunicándome su disgusto por esta situación. Lo dejé ir porque me daba cuenta de que más allá de los ímpetus tecnológicos que yo aprobaba, su manejo era imposible en una institución que es prácticamente mixta en su conducción aunque sea del Estado.

–¿Por qué en el expediente de autorización de la soja transgénica resistente al glifosato no figura ninguno de los estudios que pidieron los técnicos?

Felipe Solá: –En el expediente figuran los estudios que correspondían según la normativa vigente para la aprobación de temas transgénicos en la Secretaría de Agricultura en dicha época. El principal elemento de sostén técnico para esa aprobación fue, por supuesto, el trabajo de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), prestigiada hoy y siempre, desde que se formó, en el año 1991, que fue impecable. Además, la empresa Nidera, que es la que había pedido que se estudiara la posibilidad de liberar la soja RR o transgénica resistente al herbicida total (no la empresa Monsanto, que fue la que la creó), presentaba trabajos de campo desde 1991 en la Secretaría de Agricultura y durante esos cinco años había estado siendo controlada por los técnicos del INTA. Es decir que hubo un largo tiempo de estudio del impacto que tenía en el medioambiente vegetal y animal, y sobre las posibilidades de problemas con la salud humana, antes de mi aprobación. No conozco otros técnicos que figuren en el expediente y, de ser así, yo me ajusté a la normativa vigente, que es la que me dictaba acudir a la Conabia.
Los estudios no realizados

–¿Por qué firmó la autorización el mismo día en que los técnicos pedían estudios de corto, mediano y largo plazo?

Felipe Solá: –La respuesta es parecida a la de la pregunta anterior. Yo no sé si el mismo día alguien pidió otra cosa, y no sé qué técnicos. Yo cumplí con mi obligación, no falté a ninguna de las obligaciones que tenía en cuanto a tomar recaudos para la aprobación de la soja transgénica. Si había algún técnico que estaba en desacuerdo, supongo que no aparece en el expediente y, si apareciera, eso no le quita absoluta legalidad y legitimidad a mi medida. Por otra parte, el tiempo transcurrido desde el momento en que se liberó esa soja hasta ahora, indica claramente que el uso racional del herbicida glifosato dentro de los límites que marcan las leyes no ha generado problemas con los humanos, salvo en aquellos casos en que operando sobre campos de soja pegados a algún lugar poblado se incumplió con la normativa sobre fumigaciones que dice que tiene que haber por lo menos dos kilómetros de distancia. Han afectado a alguna población de la misma manera en que nos puede afectar el insecticida Off si lo tomamos en una taza de té o si nos lo echamos en los ojos, porque tienen normativas de uso. La agricultura usaba antes fosforados y clorados como insecticidas y se prohibieron. El glifosato es de muy baja toxicidad y mucho más en relación a éstos.

–¿Por qué, de 136 folios del expediente, 108 son de Monsanto?

Felipe Solá: –Monsanto tenía gran cantidad de investigaciones en el mundo hechas por la creación del gen RR, con ingeniería genética, y muchísimos estudios publicados con veracidad científica, abiertos al mundo de la ciencia y la tecnología para ser consultados y/o discutidos. Por eso, el aporte requerido por la Conabia es básicamente el aporte hecho por Monsanto, aunque no el único. Todos esos estudios fueron analizados por la Conabia y es lógico que quien creó el gen tuviera más elementos para aportar. Por eso, hay más páginas de Monsanto, supongo, porque no he tenido el expediente a la vista desde hace trece años. No lo he pedido, no lo he mirado, pero sí recuerdo y he reconstruido con algunos cómo fue este tema.

–¿Por qué esas páginas no fueron traducidas al español?

Felipe Solá: –Porque el inglés es el idioma científico y técnico, y porque nadie que pueda estar en condiciones de analizar algo como por ejemplo los efectos positivos o negativos de la soja transgénica, no domina el inglés. Ese expediente podía ser mirado el día de mañana por científicos o técnicos y ése era el idioma aceptado mundialmente. Aun los estudios científicos escritos en otro idioma de origen siempre son traducidos al inglés y entonces no había ninguna legislación argentina que nos obligara a traducirlos al español y tampoco creo yo que sea un problema en ninguna investigación a esta altura encontrarse con un texto en inglés.

–¿Por qué el dictamen jurídico tiene fecha posterior en tres días a la autorización, pero en el expediente figura en una foja anterior?

Felipe Solá: –No lo sé, no lo recuerdo, yo estaba absolutamente habilitado, con entidad, y era absolutamente apto para tomar la medida. Por lo tanto, la cuestión del dictamen jurídico que debe preceder obviamente en la fecha, como corresponde, a mi resolución, no es para mí el problema a dilucidar en este momento. Eso está claro.
 

La relación con Monsanto

–¿Cuáles fueron sus relaciones previas y posteriores con Monsanto?

Felipe Solá: –Como secretario de Agricultura, no he tenido con Monsanto relaciones especiales o que yo recuerde. No recuerdo ni el nombre de su presidente, ni la cara de Monsanto. Solamente pueden haber estado en reuniones de cámaras de las empresas, entre las cuales estaba Monsanto, pero durante mis largos años como secretario no tuve relación directa con Monsanto, ni a través de alguien, nunca. En el año 1981 hice un trabajo con el ingeniero Regúnaga en el que a mí me tocó la parte de campo. Era el estudio de mercado para el Roundup, lo que me llevó a viajar a algunas provincias, pero no firmé porque siempre fui un colaborador part-time para un trabajo que sí firmó Regúnaga. Era para Monsanto. Nunca más los vi después a los de Monsanto. Al decir después digo que alguien, en un momento dado, se reunió conmigo y con Regúnaga en 1981 a los efectos de requerir alguna pregunta sobre el trabajo, pero era un técnico del nivel más bajo. Después de la salida de la Secretaría de Agricultura tampoco he tenido la más mínima relación con Monsanto.

–¿Conoce casos nacionales o internacionales donde Monsanto ofreció sobornos?

–La gente que tiene un pensamiento globalifóbico, y dentro de ese pensamiento introduce la cuestión ecológica, le atribuye a la ingeniería genética una responsabilidad importante en algunas cuestiones, cosa que para mí en el caso de la soja no está para nada probado. Creo que no hay estudios sobre el tema de la posibilidad de que el Roundup sea un problema en sí mismo. Lo que está en discusión son los efectos sociales que pudo haber tenido la enorme difusión de la soja transgénica y de la agricultura sojera desde 1997 en adelante, que explica prácticamente todo el crecimiento de la agricultura argentina, que pasa de seis millones de toneladas en el año 1998, cuando yo me fui, a 97 millones de toneladas en el año 2008. Ante la pregunta concreta de los sobornos, no puedo saberlo, no lo sé. Es evidente que la cuestión ha tenido un impacto tal que, en términos conspirativos, se pueda pensar ahora que ha sido todo la culminación de un gran negocio. Yo creo que no fue así en el caso de la Argentina.

–¿Le ofrecieron pagarle por la autorización? En tal caso, ¿cuánto y qué contestó?

Felipe Solá: –Por supuesto que no. Es más, como secretario de Agricultura no firmé ninguna resolución, de ningún tema, por la cual me ofrecieran pagarme plata, o sobornos o lo que fuera. Salvo en el caso de temas vinculados con el Senasa, cuando este organismo tenía una función doble, porque además de hacerse cargo de la responsabilidad del estado sanitario de las industrias frigoríficas, también debía verificar si los matarifes estaban al día con los impuestos, con el IVA concretamente. En ese caso, hubo alguna sugerencia indirecta, que dio lugar a problemas, líos, que yo transmití por la prensa y que terminaron en varios casos con denuncias penales. Y yo recibí algunos “aprietes” bastante lamentables, pero que no consiguieron torcer nuestra política.
 

Nada de qué arrepentirse

–¿Algo más?

Felipe Solá: –Quisiera agregar algunas cosas. En primer lugar, no me arrepiento de lo conseguido, porque se trata en el fondo de investigar el impacto de la expansión del área sembrada con soja de 1997 a hoy. Creo que la soja transgénica permitió avanzar sobre estos cultivos, sobre otras actividades rurales y sobre regiones no pampeanas. Al permitir eso, ha producido seguramente cambios muy fuertes desde el punto de vista social y económico y en las formas de vida agraria, en algunos casos. Yo decidí que ingresara el gran cultivo en circunstancias muy especiales, el uno a uno hacía difícil ser un pequeño productor, el agricultor pudo aprovechar la innovación para subsistir, primero, y para crecer, después. La Argentina tuvo a mano una tecnología al mismo tiempo que Estados Unidos y la aplicó con enorme éxito porque ya venía siendo pionera en la siembra directa de sus cultivos. El avance no se hizo contra el suelo, sino respetando su estructura física y su actividad biológica por la misma siembra directa. Los resultados positivos fueron espectaculares y ocurrieron después de que me fuera de la Secretaría. Las distorsiones sociales y económicas también ocurrieron después, pero debo recalcar que en diez años no ha habido política agrícola ninguna, como no fuera dejar que cada uno sembrara lo que quisiera sin prever ni el monocultivo, que genera el problema sobre la fertilidad y no sobre la estructura física de los suelos, ni el reemplazo de actividades más intensivas en mano de obra rural y más tradicionales en cuanto al arraigo poblacional, en especial en las economías regionales. Me refiero a políticas de premios y castigos según el tipo de cultivo. Creció la oferta de mano de obra en las clases trabajadoras y medias de las ciudades rurales porque hubo mayor volumen producido, exportado consumido, pero bajó la oferta de mano de obra en el campo propiamente dicha. Resulta muy importante leer lo que el INTA, bajo la dirección del actual secretario de Agricultura, ha historiado mejor que nadie. Me refiero a “Diez años de organismos genéticamente modificados en la agricultura argentina”, de Eugenio Cap y Eduardo Trigo. También es muy importante leer lo que (el ministro) Lino Barañao opina del trabajo de la Conabia en estos temas. Finalmente, debo recordar también que el maíz RR, el maíz transgénico, fue aprobado por la Secretaría de Agricultura durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, de la misma manera que está aprobado en decenas de países junto con la soja, entre ellos Brasil. Por lo tanto, este descubrimiento de que la soja es la causante de todos los males ahora no parece haber sido algo consciente en la Secretaría de Agricultura en años anteriores, como tampoco en otra área de gobierno. Lo ocurrido es demasiado importante y transformador como para dejarlo como una conspiración antiargentina o como un simple hecho de corrupción como sugieren las preguntas. Las próximas elecciones no pueden servir de excusa para descubrir ahora quién es quién. Me refiero a mí. Con mis errores, yo soy el mismo de ayer y volvería a firmar como en 1996 la fenomenal ampliación de la economía del interior del país que se dio. Eso sí, si me hubiera quedado en la Secretaría de Agricultura, hubiera tenido una política agrícola, es decir, hubiera estudiado año tras año, junto con los productores, qué convenía sembrar, y para eso sirven las retenciones y hasta incluso algunos premios posibles a cada cultivo. Hubiera balanceado la agricultura argentina, de forma tal que no se sojizara. Con los errores recientes del año pasado, el gobierno ha sojizado aún más la agricultura. Eso es todo lo que tengo que decir, y agradezco ser consultado.

Entrevista con Regúnaga: Mercedes González.

 

Fuente: Pagina/12

Para leer a la vera de la ruta

La siguiente entrevista es especial para leer a la vera de la ruta, mientras corre el mate y las tortas fritas; mientras vociferamos una falsa concepción de patria, disfrazados de gauchos, tratando de vender algo que no tenemos, sinceridad.

ANDRES CARRASCO, PROFESOR DE EMBRIOLOGIA DE LA UBA, INVESTIGADOR DEL CONICET, DENUNCIANTE DE LOS EFECTOS DEL GLIFOSATO

“Lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo”

Hace dos semanas denunció en Página/12 los efectos devastadores del compuesto herbicida sobre los embriones humanos. Esperaba una reacción, “pero no tan violenta”: fue amenazado, le armaron una campaña de desprestigio y hasta afirmaron que sus investigaciones no existían. Carrasco contesta y renueva sus cargos contra las multinacionales químicas.

Por Darío Aranda

Amenazas anónimas, campaña de desprestigio mediáticas y presiones políticas fueron algunas de las consecuencias de un doble pecado, investigar los efectos sanitarios del modelo agropecuario y, más grave aún, animarse a difundirlos. En el segundo piso de la Facultad de Medicina de la UBA trabaja Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular. Con treinta años de trabajo científico y académico, confirmó hace veinte días el efecto letal del glifosato en embriones, cuya marca comercial más famosa es Roundup, de la multinacional Monsanto. Sabía que vendría una réplica del sector, pero no esperaba que fuera de un calibre tan alto. “No descubrí nada nuevo. Sólo confirmé lo que otros científicos descubrieron”, explica, en su oficina pequeña y luminosa. Pasaron dos semanas complejas, con una campaña de desprestigio que aún no termina. Prefirió el silencio y avanzar en nuevas pruebas. Hasta que pusieron en duda la existencia de su investigación. “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria.”

Veinte días atrás, cuando este diario difundió su investigación, ninguna empresa ni medio del sector retomó el tema. Pero tres días después se conoció otro hecho, inesperado: la Asociación de Abogados Ambientalistas presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, por el cual solicitó la prohibición de uso y venta hasta tanto no se investiguen sus efectos en la salud y el ambiente. Las empresas encendieron luces amarillas y comenzaron con comunicados, alarmadas por la posible baja de rentabilidad. Cinco días después, el lunes 20, el Ministerio de Defensa prohibió la siembra de soja en sus campos, haciéndose eco del efecto nocivo del agrotóxico. Fue un hecho político inédito, una cartera nacional alertó sobre los males de los agroquímicos. En ese momento, empresas, cámaras del sector, medios de comunicación y operadores políticos declararon el alerta máxima. Nunca antes las multinacionales del agro y sus voceros habían reaccionado tan violentamente. Durante toda la semana montaron una campaña en defensa de los agrotóxicos y, al mismo tiempo, de desprestigio hacia las voces críticas. El temor de los sostenedores de los agronegocios es la prohibición de su agrotóxico más famoso, uno de los químicos emblema del modelo agropecuario actual.

Glifosato, toxicidady reacciones

–¿Esperaba una reacción como la que se dio?

–No. Fue una reacción violenta, desmedida y sucia. Sobre todo porque no descubrí nada nuevo, sólo confirmé algo a lo que otros habían llegado por otros caminos. Por eso no entiendo por qué tanto revuelo de las empresas. Hay que recordar que el origen del trabajo se remonta a contactos con comunidades víctimas del uso de agroquímicos. Ellas son la prueba más irrefutable de lo que yo investigué con un sistema y modelo experimental con el trabajo de hace 30 años, y con el cual confirmé que el glifosato es devastador en embriones anfibios; aun en dosis muy por debajo de las usadas en agricultura, ocasiona diversas y numerosas deformaciones.

–¿Los resultados son extrapolables a la salud humana?

–Los modelos animales de vertebrados que hoy se usan en la investigación embriológica tienen una mecánica del desarrollo embrionario temprano y una regulación genética común. Los resultados deben ser considerados extrapolables cuando un impacto externo los altera. El mundo científico lo sabe, y funcionarios de los ministerios también. Por eso, cuando encontré esas evidencias surgieron dos cuestiones a resolver, cómo seguir la investigación para saber cuál es la mecanística de un efecto que altera la forma normal del embrión, lo cual está en marcha. Y la otra decisión era cómo darla a conocer.

–¿Por qué la difusión se transforma en un problema?

–Porque no hay canales institucionales confiables que puedan receptar investigaciones de este tipo, con poderosos intereses en contra. Entonces la decisión personal fue hacerla pública, ya que no existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Hay que dejarlo claro, cuando se tiene un dato que sólo le interesa a un círculo pequeño, se lo pueden guardar hasta tener ajustado hasta el más mínimo detalle y lo canaliza por medios para ese pequeño círculo. Pero cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva.

–¿Es una práctica común dar difusión a un avance científico antes de estar publicado en una revista científica?

–Es algo totalmente común. En el país hay instituciones que todos los días difunden sus progresos científicos, que hasta poseen agentes de prensa que difunden los avances; nadie los cuestiona y los medios de comunicación los replican sin preguntar. Difunden progresos, sin papers, sin publicaciones y está muy bien. Pero claro, esas difusiones no afectan intereses de grupos poderosos.

–Pero existe una tensión en el ámbito científico sobre cuándo dar a conocer un avance.

–La tensión es si la divulgación debería esperar a ser “aprobado” (remarco las comillas porque es todo un tema aparte, que lleva años). Ahora, si la investigación tiene implicancias más allá de lo académico, afecta a la sociedad, el dilema moral es si me lo guardo hasta que termine el más mínimo detalle y mi narcisismo esté satisfecho, o prendo el alerta. Yo decidí dar la alerta, e insisto en que no es nada nuevo, hay antecedentes claros como Robert Belle y Gilles-Eric Seralini, que han hecho estudios con otros modelos, publicados, y con resultados más importantes que los míos. Lo que tendrían que hacer las instituciones, en vez de atacarme, como está sucediendo desde algunos funcionarios y las empresas, es informarse y comenzar a trabajar para remediar lo sucedido.

–Las empresas, y los medios, de los agronegocios sostienen que no hay estudios serios.

–Hay investigaciones en diversas partes del mundo y son muy serias, como las que acabo de mencionar. Las empresas y sus periodistas empleados descalifican una investigación, pero al mismo tiempo no escuchan la catarata de cuadros médicos palpables en las zonas sojeras; las provincias están plagadas de víctimas de agrotóxicos, pero ahí los diarios no quieren llegar, y mucho menos las empresas responsables. No entiendo por qué mi relato tiene más importancia que el de las Madres de Ituzaingó (barrio de las afueras de Córdoba, emblema de la contaminación con agroquímicos). Los médicos de las provincias están desde hace años denunciando, los campesinos y las barriadas urbanas también. Y queda todo silenciado. Es una evidencia de la realidad y es incontrastable. Yo me inspiré en esa realidad y los resultados son los conocidos. Las empresas del agro, los medios de comunicación, el mundo científico y la dirigencia política son básicamente hipócritas respecto de las consecuencias de los agrotóxicos, protestan y descalifican una simple investigación pero no son capaces de observar las innumerables evidencias médicas y reclamos en Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.

–¿Qué otros trabajos existen?

–Belle y Seralini en Francia. También hay trabajos de la Universidad Nacional del Litoral y de investigadores como Alejandro Oliva, de Rosario, que contó con la colaboración del INTA y Federación Agraria. Hay relevamientos de los doctores Rodolfo Páramo (Santa Fe) y Darío Gianfelici (Entre Ríos). No son muchos estudios, pero existen, son serios y están disponibles.

–¿Por qué el sector científico no estudia?

–Porque no en todo el mundo hay tan enorme cantidad de hectáreas con soja como se da en la Argentina. Hay casi 18 millones de hectáreas. Desde el punto de vista ecotoxicológico, lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo.

Las corporaciones y la ciencia

–Se intentó deslegitimar su investigación diciendo que la UBA y el Conicet no sabían de su trabajo.

–La UBA y el Conicet son organismos de gestión, no tienen por qué conocer todo lo que hago yo o lo que hacen todos sus investigadores. Está dentro de nuestras facultades definir las líneas de trabajo, investigar y dar a conocer resultados. Es la lógica de la investigación. Por eso yo no tengo que pedir autorización para iniciar una idea o un tema nuevo y ellos no tienen por qué conocerlo, porque la ciencia no funciona con organismos fiscalizadores de los temas que elegimos. Forma parte de la libertad académica, nos movemos por hipótesis, preguntas y desarrollamos investigaciones. También se dijo que el Conicet, como institución, no suscribió a mi investigación. Y es verdad, porque no se lo pedí y no tiene por qué suscribir en el marco de una idea nueva dentro de la amplitud de un proyecto. Es lo que sucede en centenares de investigaciones que se realizan. Que quede claro, el Conicet no tiene responsabilidad sobre mis decisiones. Es una decisión personal, como corresponde, no institucional. Y está dentro de mis facultades. Tampoco se requiere autorización institucional para desarrollar investigaciones, aunque sabemos que algunas son más resistidas que otras.

–Son públicos los convenios entre Conicet y la minera Barrick Gold, y también con Monsanto, con la cual hasta contaban con un premio de investigación conjunto (“Animarse a Emprender”). ¿Las investigaciones que pudieran ser críticas con esos sectores son menos bienvenidas que otras?

–(Sonríe.) Prefiero no responder.

–¿Usted podría investigar para Monsanto?

–Desde ya. El Conicet y la UBA lo permiten. Es más, muchos científicos trabajan desde hace años para empresas de biotecnología bajo la figura de asesor-consultor, por la cual el Conicet permite hasta doce horas semanales que sus investigadores provean servicios al sector público o privado.

–Se acusa a su investigación de no estar validada en una publicación científica.

–Es una chicana barata, de cuarta, que sólo muestra el temor de las empresas. En el mundo científico es sabido que la validación de un trabajo no se da por su publicación en una revista del sector. Es más, los científicos somos testigos de errores e incluso fraudes que se publican en revistas especializadas. Muchas veces se publica algo y luego se demuestra que es erróneo. Y, por otro lado, muchas veces hay investigaciones que no se publican no porque sean malas, sino porque a la revista no le interesa, sea por línea editorial o intereses en juego. Un ejemplo personal: en 1984 descubrimos genes muy importantes para el desarrollo embrionario, genes Hox. Publiqué dos papers en Cell, una de las mejores revistas del mundo, y había quienes creían y quienes no. Tuvieron que pasar años para que la comunidad científica lo validara.

–El Laboratorio de Embriología es dependiente del Conicet. ¿Su trabajo tiene que ser validado por el Conicet?

–Que por favor quede claro, ni el Conicet ni un comité editorial validan investigaciones, lo que hacen es evaluar la evidencia que uno presenta y juzgan la solidez desde la presentación. No tienen forma de verificar los resultados en forma práctica. La única certeza de una validación se da en que otros investigadores puedan repetir de forma sistemática, y hasta perfeccionada, los resultados de la investigación realizada.

–¿Cuándo va a compartir su trabajo para ponerlo a discusión de la comunidad científica?

–En breve. Debo terminar algunos ensayos y estará listo. Lo que más quiero es pasárselo a colegas, investigadores que repliquen el trabajo. De hecho ya lo he compartido con pares del país y del exterior. Desde ya que debieran ser estudios independientes, no los provistos por las corporaciones o espacios del Estado a su servicio.

–¿Monsanto podría replicarlos?

–Si contrata investigadores idóneos, sí. No tengo dudas de que lo hará y todos sabemos a qué resultados llegarán.

–¿Cómo continuará la investigación?

–Ya confirmamos las malformaciones. Ahora estamos avanzando en conocer cuál es el mecanismo de acción, es un paso más. Como es un trabajo científico, continuaré con el grado de libertad académica de que dispongo, tratando de ver cuáles son las causas mecanísticas y moleculares de las observaciones hechas para publicar los resultados. Aparte del anfibio, que nos sirve de modelo, extenderemos los experimentos a otros modelos de desarrollo embriológico, como aves.

–¿Puede suceder que, con estas nuevas pruebas, los resultados difundidos –de malformaciones– no se repitan?

–No hay forma. Porque fueron experimentos controlados, en los que fuimos rigurosos. Y, además, porque ya hay evidencia científica que va en ese sentido. Por eso, insisto, no descubrimos nada nuevo. Yo llegué a un resultado y creo en él. Si la comunidad científica llega a otra conclusión, bienvenido sea. El centro del problema no debiera ser esta investigación. Sería querer tapar el sol con la mano. Yo sólo aporté un punto más a la discusión. Pero hay sectores que quieren cerrarla, ni siquiera por convencimiento ideológico, sólo por conveniencia económica.

–Se acusa a su trabajo de usar un método erróneo con el glifosato, y que por eso los resultados son devastadores: que las concentraciones de la experimentación nunca son las que eventualmente podría recibir un humano al ser aplicado en el campo. Hubo quien mencionó que “si ponemos gasoil en el vaso de leche, claro que ocasionará intoxicaciones, y no por eso se prohibirá el combustible”.

–Ese tipo de afirmación tienen varias facetas. Por un lado, muestra desconocimiento biológico, lo cual es entendible para quien no se dedica a esta rama de la ciencia. Pero, en boca de los voceros de las corporaciones, también muestra una intencionalidad lejana a la inocencia, con intenciones de desprestigiar una estrategia de análisis mundialmente aceptada. Entonces sí me parece una comparación poco seria, maliciosa e hipócrita. Es sabido, tanto en la comunidad científica como en el sector agropecuario, que la aspersión del herbicida afecta ecosistemas, operando directa o indirectamente sobre insectos y otras especies animales cuando se ponen en contacto con el herbicida. O sea que además de células vegetales, también afectan organismos compuestos por células animales. Nuestros experimentos alertan que tanto el cóctel comercial como la droga pura en células animales generan alteraciones del desarrollo embrionario. Por lo tanto el glifosato dentro de la célula embrionaria altera el funcionamiento celular, tal como sucede en las células vegetales de las malezas. Por otra parte, ya está probado que los herbicidas se trasladan por la acción del viento. Es una prueba de la realidad, incontrastable, el padecimiento de familias de campos linderos y de barrios cercanos a las fumigaciones. Por lo tanto, el glifosato puede atravesar barreras respiratorias y/o placentarias y entrar a las células embrionarias, incluso existen avances científicos en esa dirección, como también existen registros de glifosato y de sus posibles metabolitos presentes en mujeres embarazadas. Esto podría correlacionarse con potenciales efectos malformativos. Por lo tanto, desentrañar si el glifosato puro inyectado tiene efectos sobre el comportamiento de células embrionarias animales durante el desarrollo era ineludible en una estrategia experimental correcta, e insisto que utilicé una estrategia de análisis clásica de la investigación científica.

–¿Cree que hay que prohibir el glifosato?

–En mi trabajo yo no planteo eso. Y no es de mi competencia proponer una medida de ese tipo. Lo único que afirmo, respaldado en 30 años de estudio en la regulación genética embrionaria, es que este producto genera alteraciones en el desarrollo, estoy seguro de eso.

–Sus resultados no se corresponden con la clasificación del Senasa o las recomendaciones de la Secretaría de Agricultura.

–Es un claro problema de ellos, que lo clasifican como de baja toxicidad. Todo lo contrario de lo que afirman estudios diversos, que confirman la alteración de mecanismos celulares y, sobre todo, contrario a lo que padecen familias de una decena de provincias. Es de locos pensar que no pasa nada.

Subnotas

Gobierno, presiones y necesidad de estudios

Dado su trabajo en el Ministerio de Defensa, vincularon su investigación a una operación del Gobierno contra las entidades patronales del campo.

–Ninguna persona seria podría pensar esa posibilidad. Por un lado, nadie con 30 años de trabajo académico pondría en riesgo esa trayectoria. Por otro, es un hecho de la realidad, el Gobierno no pidió, no creo que quiera y ni pueda prohibir el glifosato. Algunos medios inventaron esa conspiración, una jugada de mala leche. De hecho he padecido algunas presiones desde el riñón del oficialismo. Así que nadie puede decirme que es una operación del Gobierno.

–¿Qué funcionarios lo presionaron?

–Prefiero, por ahora, no dar sus nombres.

–Además de los funcionarios que impulsaron, y sostienen los agronegocios –sobre todo en la Secretaría de Agricultura–, existen altos funcionarios ligados al sector de las biotecnológicas, y que impulsan los agrocombustibles, una segunda sojización.

–No voy a dar nombres. Pero en vez de la confrontación o la presión habría que profundizar los resultados, conformar equipos interdisciplinarios. La reacción más razonable, la más científica, la más humana hubiera sido ésa, sobre todo si hay una señal de alerta sobre una cuestión relacionada con la salud humana. La reacción lógica hubiera sido profundizar las investigaciones, estudiar la diferencia entre biodegradabilidad y descomposición, las diferentes vías de penetración, revisar la normativa de uso y controlar los efectos sobre la salud humana de manera sistemática. Pero si se privilegian los negocios, no avanzarán con nuevos estudios.

Medios dependientes e intimidaciones

¿Por qué no dio el estudio a otros medios de comunicación y a las empresas?

–Casi una semana después de la publicación comenzaron a involucrarse actores que estaban ocultos, como las empresas y los medios del sector. Y ahí comenzaron los ataques. El colmo fue cuando se apersonaron en mi laboratorio abogados de las cámaras empresarias (Casafe) a exigir mis informes, realizaron interrogatorios y tuvieron una actitud intimidatoria para con mis colaboradores. Es inadmisible la intimidación, no pueden intentar allanar el laboratorio como si fueran la Justicia. Yo no discuto mis investigaciones con abogados ni empresas privadas, máxime si son parte del problema. Yo discuto mis resultados con mis pares con idoneidad para juzgar los productos de mi disciplina, en congresos, reuniones, seminarios y todos los días en mi laboratorio. Por otro lado, recibí llamadas intimidatorias, ya denunciado oportunamente. Por todo esto, tomé precauciones sobre a quién doy mi trabajo. Es claro que Clarín y La Nación, por decir algunos, tienen intereses creados, son voceros de las empresas. Cuando finalice el trabajo y lo vean mis pares, ahí se los daré. Como investigador no voy a dejarme tomar examen por empresas, por medios de comunicación o funcionarios de turno.

–Acusan que nadie tiene el trabajo. Incluso pusieron en duda su existencia.

–Lo tienen científicos, Senasa, dos diputados y tres senadores, que lo solicitaron e inmediatamente lo tuvieron. También lo tienen miembros del Poder Ejecutivo, organizaciones ambientalistas y colegas del exterior. Si otros exigen el trabajo por razones de internas políticas o intereses comerciales, lo siento, tendrán que esperar. Insisto, los resultados científicos no pueden ni deben ser evaluados por la política ni por los intereses económicos.

Paren las rotativas

Hablan los productores Autoconvocados de San Pedro (CCG).

Entre las expresiones emitidas en el comunicado, se encuentra textualmente la siguiente frase: "Los productores y la inmensa mayoría sanpedrina, sabemos en carne propia que la situación del campo se ha agravado". (¿se habrá convertido San Pedro en terreno fértil para el criado de Gorilas? Parece que si, hablan de mayoría ya.) Cargan contra un agrupamiento de militantes Justicialistas, considerándolos "insensibles a la real situación social, su hipócrita y cínica contemplación defiende y enmascara el status quo igual que lo hace el discurso “progresista” del Gobierno Nacional del cual son subsidiarios”. 

Para después recordar la mala lectura que tienen del Gobierno: "el pago cash al FMI, el continuismo de todas las leyes fundamentales de la entrega menemista, la ley antiterrorista de Bush aprobada por mayoría parlamentaria, el fomento de la extranjerización y la concentración de la tierra y los pools de siembra, el saqueo de las mineras de las cuales son partícipes y beneficiarios, el desarrollo y apropiación del negocio del juego, los fideicomisos y sus negociados, el zarpazo al PAMI y el ANSES, obviando gravar la renta financiera hacen caja en beneficio de su “capitalismo de amigos” y el clientelismo político”. 

Luego también expresan que (escuchen esto) “en tanto, con la política de derechos humanos pretenden encubrir un modelo de corrupción, negociados y enajenación nacional, de marginamiento y de exclusión social”. 

Ahora viene el pedido, fíjense los 5 puntos que gestionan estos muchachos del Glifosato. Las retenciones En relación a la situación del campo, plantean cinco puntos: - “Seguimos sosteniendo la necesidad de una quita substancial o total de las retenciones para que sean viables las unidades productivas atendiendo a una modificación general de la política tributaria” - “Subsidios del 50 % de lo perdido a los pequeños y medianos productores”. - “Créditos a largo plazo (7 años con 2 de gracia a una tasa anual no mayor al 5 % anual) - “Unificación del IVA a una tasa del 10.5 para todos los insumos y a los artículos de consumo de primera necesidad”. - “Promulgación de la Ley de Arrendamientos”. 

Cierran la nota con esto: “Con estas premisas y ante la necesidad de PACTAR un proyecto nacional que contenga a la producción agropecuaria y a la agroindustria como columna vertebral de un país productivo, y en defensa del ruralismo y los pueblos del interior, del federalismo y de la democracia con justicia social: No queremos promesas, exigimos hechos y no palabras. No pretendemos decir a quien hay que votar, si a quien no hay que votar”. 

Desarticulemos.

Del primer párrafo rescatamos, y no hacía falta que lo hicieran notar, que son muy, pero muy conservadores, que al mínimo brote de cambio hacia el bienestar general se plantan. Que no quieren el progreso de todos, si el de cada uno de ellos. Corren para ver quien tiene más que quien, como fijarse a ver quien la tiene más larga. Piensan que la vida social está compuesta de escalones, y ante el casi emparejamiento de su pares, los brutos simiescos piensan que ellos han descendido, y ahí ponen el grito en el cielo. Hay en el mismo párrafo tres palabras que usan como si no entendieran su significado, pues insensible, hipócrita y cínico, son tres sacos que tienen la medida justa de sus tallas, y que suelen usar ante la aparición frente a sus ojos, del subsuelo de la sociedad.

En el segundo formulan una lista, que prácticamente son banderas del justicialismo, lo que nos hace pensar de la existencia de Gorilas Transversales. 

Tercero: Quienes firman este comunicado hablan de que los derechos humanos están siendo usado tipo cortina, haciéndonos suponer que si no se hablara de éstos, veríamos con más claridad la realidad que nos rodea. Quienes firman este comunicado pertenecen (la gran mayoría) a La Sociedad Rural, institución que brindó apoyo civil a la última Dictadura Militar. No se nota el por qué no quieren que se hable de los derechos humanos, no no se nota. Dice que esta cortina tapa el modelo de marginación y exclusión social que esta sufriendo el país. En realidad no sienten lo que dicen, es como si no escucharan lo que están comunicando ellos mismos. Si fuera cierto esto entendería que están crispados por que estas son costumbres de su propiedad, digo la de someter a sus semejantes. 

En los cincos puntos: Primero, quita sustancial o total de las retenciones para ser viables las unidades productivas y modificación de la política tributaria. Traducción: "No pagamos retenciones no porque signifique que ganamos un poco menos, sino porque no queremos pagar retenciones. Y queremos una baja en los impuestos, o mejor dicho no pagar ningún impuesto, no porque signifique que ganamos un poco menos, sino porque no queremos pagar ningún impuesto. ¿Por qué? ¡Porque del campo sale todo! Y Guay si me hacen enojar." 

Segundo punto: Subsidios de lo perdido. Traducción: "Queremos que nos paguen lo que perdimos. Si, además de no querer pagar retenciones e impuestos, queremos que nos paguen lo que PER DI MOS. Y no se asusten si les digo que el cien por ciento de los productores estamos en esa lista de los que perdimos todo. Queremos que nos den la plata para pagar a la poca gente que empleamos. Que nos la den a nosotros y nosotros la manejamos, pues si se la dan directamente a la peonada la gente va a andar hablando al pedo de que andan cobrando un Plan. Y de nosotros es el lema: ¡tienen que trabajar por que se les paga, y nunca pagarles por lo que trabajan! Y Guay si me hacen enojar." 

Tercero: Créditos a largo plazo. (¿Qué ciudadano tiene acceso a un crédito a 7 años, con 2 años de gracia, al 5% anual? Traducción: "Si además queremos que nos presten plata, a devolver a cuando nosotros podamos y como podamos. Y guay si me hacen enojar." 

Cuarto: Unificación del Iva. Aquí no hay traducción, mas bien hay un gringo rascándose la cabeza como pensando: "¿Bajar el Iva a todos los artículos de primera necesidad? ¿No estaríamos abarcando a mucha gente Che?"

 Quinto: "¡Queremos ser dueños!" 

Por último cierran hablando de Proyecto Nacional, Federalismo, Democracia y Justicia Social, con la mismas convicciones que de chavones hablaban de sacar cuatros materias en marzo. Dicen los vagos que no pretenden decir a quienes hay que votar, sino a quien no hay que votar. 

Pues yo creo que a aquellos que tienen o han tenido que ver con las siguientes imágenes, no habría que votarlos, ni deberíamos escucharlos cuando pretenden enseñarnos a quien votar o no. 

 

Las imágenes corresponden a personas (individuos, seres, humanos) que residen en zonas donde se usa masivamente agroquímicos, correspondiente al cultivo de soja.

¡Lo gracioso es que una Institución como La Sociedad Rural, quienes jugaban con las urnas a puertas cerradas durante el proceso militar, ahora disfrazados de Autoconvocados nos quiera enseñar a Votar!

De esto no se habla

¿De qué se habla en San Pedro? ¿Los medios locales qué tema tocan? ¿Los dirigentes políticos, los militantes, de qué hablan, además de estar preocupados por el armado de una lista? ¿Escuchaste alguna vez al listado de nombres que a continuación detallo, hablar de la soja transgénica y su compañero de formula el Glifosato, con la seriedad que este tema merece? Yo creo que no. Tal vez lo hacen por conveniencia o por ignorancia, pero el no hacerlo los convierte en cómplices de los efectos que producen en la población. Los miembros del siguiente listado se encuentra cada uno en su mundo, evitando tocar el tema.

Daniel Monfasani e Hijos S.A., Julio Pángaro, Mario Barbieri, Estrada, Rotundo, Casini, Patricia Roca, Mirta Atrip, Zeme, Pando, Gutierrez, Reynes, Salazar, Almada, Trelles, Cacho Quintana, Garcia del Pro, Facundo Vellón, Sandra Mari, Chavez, Machia, Delvene, Corleto, Benincasa, Norma Atrip, Matias Velo, Jorge López, Abel Gonzalez, Pablo Guacone, Susana Casas, Cermelli, Vázquez, Juhant, Frisch, Yunes, Macenet, Curima, Sualdea, Suárez, Vlaeminck, Berardi, César Rotundo, y especialmente los que tienen que ver con esto, Victores, Corti, y demás gringos llorones.

Glifosato : El veneno que asoló el barrio de Ituzaingó 14-01-09, Por Darío Aranda

Tras diez años de denuncias de los habitantes del barrio Ituzaingó, de Córdoba, rodeado de campos de soja, la Justicia prohibió fumigar con agrotóxicos cerca de zonas urbanas. De cinco mil habitantes, 200 tienen cáncer. Todas las familias tienen un enfermo. El modelo sojero funciona sobre la base del glifosato. Las denuncias que se han hecho en todo el país han sido ignoradas por los importantes intereses en juego.

La justicia cordobesa prohibió fumigar con agrotóxicos sojeros cerca de las áreas urbanas

El barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de Córdoba, es de casas bajas, asfalto gris y chicos que juegan en la calle. Era como muchos otros barrios, pero hace ocho años ganó notoriedad por la gran cantidad de enfermos de cáncer y niños con malformaciones. Sus habitantes miraron alrededor y comenzaron a encontrar causas de tanto mal: al este, norte y sur había campos de soja, sólo separados por la calle, y las fumigaciones con agrotóxicos llegaban hasta las puertas de las viviendas. La organización Madres de Ituzaingó, nacida a medida que las enfermedades se multiplicaban, relevó los casos y denunció a empresarios sojeros y a la dirigencia política, por complicidad. Las llamaban “las locas”, pero se convirtieron en pioneras en denunciar la contaminación del modelo agrario. A casi una década de las primeras denuncias, la Justicia cordobesa –por primera vez– acaba de prohibir a productores de soja que fumiguen en cercanías del barrio, lo establece como un delito penal y apunta contra el glifosato, el agrotóxico pilar de la industria sojera.

“Fumigar en áreas urbanas viola disposiciones de la Ley Provincial de Agroquímicos y constituye un delito penal de contaminación ambiental, que se pena con hasta diez años de prisión”, explicó el fiscal de Instrucción del Distrito III, Carlos Matheu, que determinó la figura penal de “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud”. La medida, que podría sentar precedente para decenas de denuncias de todo el país, impide utilizar agrotóxicos a menos de 500 metros de zonas urbanas y, si las fumigaciones son aéreas, la distancia mínima deberá ser de 1500 metros. El fallo focaliza en dos agroquímicos: endosulfán y glifosato.

El endosulfán es un fuerte insecticida utilizado para el control de plagas en algodón, tabaco, sorgo y soja, entre otros. Entre sus principales comercializadoras se encuentra la empresa Agrosoluciones, unidad dedicada al agro de la multinacional química Dupont. Las compañías agroquímicas no mencionan sus efectos sobre la salud, a pesar de que la Red de Acción sobre Plaguicidas (PAN) –integrada por 600 organizaciones de 90 países– afirma que “los efectos del endosulfán incluyen deformidades congénitas, desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia, cáncer y problemas de la piel, vista, oído y vías respiratorias”.

El glifosato es el agrotóxico más conocido de la Argentina. Se comercializa bajo del nombre de Roundup, de la multinacional Monsanto, líder internacional en agrotóxicos y blanco de las denuncias por contaminación ambiental y perjuicio sobre la salud. Las grandes empresas sojeras reconocen la utilización, como mínimo, de diez litros de Roundup por hectárea. En la campaña 2007-2008, el monocultivo de soja abarcó en la Argentina 17 millones de hectáreas y los campos argentinos fueron rociados, en un solo año, con 170 millones de litros del cuestionado herbicida. Se aplica en forma líquida sobre las malezas, que absorben el veneno y mueren en pocos días. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, modificada en laboratorios. La publicidad de Monsanto clasifica al Roundup como inofensivo para al hombre.

En el barrio Ituzaingó Anexo viven cinco mil personas, 200 de ellas padecen cáncer. “Hay casos de jóvenes de 18 a 25 años con tumores en la cabeza. Chicos de 22 y 23 años que ya han muerto. Hay más de trece casos de leucemia en niños y jóvenes”, describen las Madres de Ituzaingó. “En todas las cuadras hay mujeres con pañuelos en la cabeza, por la quimioterapia, y niños con barbijo, por la leucemia”, lamenta Sofía Gatica, con veinte años en el lugar y referente de la organización, que padeció la muerte de un bebé recién nacido (con una extraña malformación de riñón) y, en la actualidad, su hija de 14 años está en pleno tratamiento de desintoxicación (estudios municipales confirmaron que convive con dos plaguicidas en la sangre).

El subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Medardo Avila Vázquez, fue el impulsor de la medida cautelar en febrero de 2008. “Cuando vimos los aviones fumigando arriba de las casas, hicimos la denuncia por envenenamiento”, explicó. El fiscal Matheu ordenó estudios en los patios de las viviendas y confirmó la presencia de endosulfán y glifosato. También allanó galpones de chacareros, encontró tambores con los agrotóxicos y (además de poner un límite a las fumigaciones) procesó a los productores sojeros, al dueño del avión fumigador y al aviador. “Es un hecho inédito en Córdoba. Hace diez años que ONG y vecinos denuncian intoxicaciones por la soja, y es la primera vez que la Justicia les da la razón, que se privilegia el derecho a la salud y la vida por sobre el derecho a realizar negocios”, celebró el funcionario.

Un relevamiento de la organización Grupo de Reflexión Rural (GRR), que impulsa una campaña para detener las fumigaciones con agrotóxicos, censó diez pueblos con denuncias sobre contaminación. Uno de los casos testigo fue el barrio Ituzaingó Anexo, donde confirmó alergias respiratorias y de piel, enfermedades neurológicas, casos de malformaciones, espina bífida, malformaciones de riñón en fetos y embarazadas y problemas de osteogénesis.

En marzo de 2006, la Dirección de Ambiente municipal analizó la sangre de 30 chicos del barrio: en 23 había presencia de pesticidas. “En todas las familias hay algún enfermo de cáncer, de todo tipo, pero sobre todo de mamas, estómago o garganta. Cada vez que rocían se seca la garganta, arde la nariz y muchos chicos quedan con los ojos blancos, viven a Decadrón”, relató Sofía Gatica y se largó con una lista de consecuencias: bebés sin dedos, con órganos cambiados, sin maxilares y cambios hormonales. “En mi cuadra hay una sola familia sin enfermos. Y están buscando mudarse porque saben que puede caer alguno”, lamentó.

La Organización Panamericana de la Salud (PS) también llegó hasta el barrio Ituzaingó, convocada por la Municipalidad y preocupada por la gravedad del caso. En agosto de 2007 comenzó a analizar los relevamientos existentes, realizó entrevistas y confirmó las denuncias. “Se concluye que el barrio Ituzaingó Anexo puede considerarse como un sitio contaminado. Los contaminantes de mayor importancia son los plaguicidas y el arsénico, fundamentalmente en suelo. La presencia de plaguicidas en tanques de agua posiblemente refleje la intervención de la vía suelo-aire.” Entre las imprescindibles acciones recomienda “incrementar el control sobre fumigaciones clandestinas a distancias menores a las permitidas por ley”.

Las Madres de Ituzaingó reconocen que el fallo judicial (realizado el 30 de diciembre último, pero difundido recién esta semana) llegó “cuando ya todo el barrio está envenenado”, pero se entusiasman al pensar que puede sentar precedente: “Son cientos los pueblos que padecen los efectos tóxicos de los agroquímicos sojeros. Es hora de que la Justicia comience a actuar”.

Los costos sociales

“Los agronegocios, con la soja en primer lugar, son sinónimo de desmontes, degradación de suelos, eliminación de otros cultivos, expulsión de comunidades ancestrales, contaminación y enfermedad”, denuncia desde hace una década el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) sobre el modelo agropecuario vigente y, sobre el glifosato, no tiene dudas: “Arruina plantaciones para autoconsumo, mata animales y envenena familias ancestrales. Es un desastre sanitario silenciado, donde los ejecutores son los sojeros, pero con la complicidad de la dirigencia política y el Poder Judicial”.

El avance del monocultivo se produjo en la década del ’90, cuando el entonces secretario de Agricultura de Carlos Menem, Felipe Solá, autorizó la siembra de semillas modificadas genéticamente y el uso intensivo de glifosato. En 1997, en la Argentina se cosecharon 11 millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron 6 millones de hectáreas. Diez años después, en 2007-2008, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas y abarcó 17 millones de hectáreas. Fue política de Estado de todos los gobiernos.

El cultivo desplazó al trigo y ya ocupa la mitad de la tierra sembrada del país. En sólo una década, la Argentina se transformó en el segundo productor mundial de transgénicos del mundo, al mismo tiempo que sus cultivos tradicionales (como el maíz y el trigo) comenzaron a retroceder, al igual que la industria láctea. La Argentina es el tercer exportador mundial de grano de soja (luego de Estados Unidos y Brasil) y el primero de aceite.

En Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa predomina el cultivo de la oleaginosa, que tiene nombre y apellido: Soja RR, de la empresa Monsanto. Se llama así porque es “Resistente al Roundup”, nombre comercial del glifosato, vendido por la misma empresa. Con las modificaciones de laboratorio, es resistente a las inclemencias del tiempo, por lo cual avanza sobre territorios antes impensados para la agricultura de soja: Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy y Salta.

Pero el avance de la frontera agropecuaria, festejado por empresas y la clase política, es padecido por campesinos y pueblos originarios, que son desalojados de sus territorios ancestrales. Según el Censo Agropecuario 2002, sólo en cuatro años, más de 200 mil familias fueron expulsadas de sus históricas chacras, en el mayor de los casos ubicadas en las afueras de las grandes ciudades.

El Movimiento Campesino Indígena acusa a la industria sojera de contaminar aire, agua, alimentos y suelo y de intoxicar comunidades rurales. Estudios médicos puntualizan los efectos sanitarios de los pesticidas. “Los síntomas de envenenamiento incluyen irritaciones dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, cambios de coloración de piel, quemaduras, diarrea, falla cardíaca, electrocardiogramas anormales y daño renal”, asegura una recopilación de estudios realizada por el médico de la UBA Jorge Kaczewer, especializado en ecotoxicología.

En Rosario, un grupo de ecólogos, epidemiólogos, agrónomos, endocrinólogos y sociólogos estudió durante dos años la vinculación entre contaminantes ambientales y la salud de la población.

Encabezado por el Hospital Italiano de Rosario, vinculó malformaciones, cáncer y problemas reproductivos con exposiciones a contaminantes, entre ellos el glifosato y sus agregados. “Los hallazgos fueron contundentes en cuanto a los efectos de los pesticidas y solventes”, afirmó Alejandro Oliva, médico e investigador. El estudio abarcó seis pueblos de la pampa húmeda y encontró “relaciones causales de casos de cáncer y malformaciones infantiles entre los habitantes expuestos a factores de contaminación ambiental, como los agroquímicos”.

Movimientos campesinos, comunidades indígenas y organizaciones sociales exigen estudios toxicológicos de mediano y largo plazo, y bioensayos en aguas y suelos. Ni el gobierno nacional ni los provinciales han dado respuesta. El canadiense Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración –referente mundial en la problemática–) esboza una explicación: “Escasean estudios porque las empresas no quieren que se hagan. Las agroquímicas transnacionales tienen muchísimo poder sobre los gobiernos”. El investigador Jorge Kaczewer dispara en el mismo sentido: “Existe un complejo sistema destinado a impedir la publicación de hallazgos adversos. Gigantescas empresas imponen el tipo de ciencia e investigación científica que se debe hacer. Dominan, por medio de subsidios, departamentos enteros de las universidades”. 

Hay denuncias en todo el paós por el uso del glifosato

Un tema prohibido

El modelo sojero funciona sobre la base del glifosato. Las denuncias que se han hecho en todo el país han sido ignoradas por los importantes intereses en juego.

Entre Ríos: El médico rural Gabriel Gianfellice vive hace 28 años en Cerrito, a 50 kilómetros de Paraná. Aturdido por las muertes prenatales, los embarazos que no llegaban a término, los casos de cáncer y los arroyos sembrados de peces muertos, escribió el libro La soja, la salud y la gente, en el que afirma que en el pueblo hubo un antes y un después de la soja transgénica. A partir del 2000 comenzó a percibir los efectos adversos con la reproducción, la gestación y la correcta formación de los órganos durante el embarazo y problemas de fertilidad. “Ni hablar de enfermedades respiratorias, que crecieron más de un ciento por ciento. Vivimos fumigados, los avioncitos pasan sobre nuestras cabezas constantemente y los pacientes muestran efectos nocivos. Nos habían dicho que el glifosato era agüita del cerro, hoy día se sabe que nos mintieron”, asegura. También en Entre Ríos, el paraje rural Rosario del Tala, departamento de Gualeguaychú, es conocido por el caso de “los primitos Portillo”. Entre mayo de 2000 y enero de 2007 fallecieron Alexis (de un año y medio), Rocío y Cristian (ambos de 8). Norma Portillo, mamá de Cristian, no tiene dudas: “Cuando fumigaban, nos encerrábamos en la pieza. Por días nos dolía la cabeza, picaba la garganta y ojos. Y si llovía, el arroyo bajaba con peces muertos, nada deja el veneno”.

Santiago del Estero: Maira Castillo vive en Quimilí, pleno monte santiagueño, y tuvo su primera intoxicación aguda a los 4 años. En el hospital local le diagnosticaron envenenamiento con agrotóxicos y la derivaron de urgencia al Garrahan, en Buenos Aires. La vivienda familiar está rodeada de campos con soja, rociados periódicamente con glifosato. El químico le afectó la vista, la piel y el sistema respiratorio. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), donde militan los Castillo, denuncia desde hace diez años los efectos sociales, ambientales y sanitarios del modelo sojero. Contabiliza un centenar de denuncias por envenenamiento con agroquímicos, pero ninguna tuvo fallo favorable.

Córdoba: “Ni un metro menos. La tierra es nuestra”, es una de las consignas del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), que resiste el avance de empresarios sojeros que pretenden quedarse con sus tierras. A las continuas amenazas y atropellos, se sumaron las fumigaciones sobre los ranchos rurales. “Nos arruinan los sembradíos para autoconsumo, matan los animales y ya hubo intoxicaciones. Lo que no pudieron hacer con las topadoras lo quieren lograr con el veneno para la soja”, afirmaron desde el MCC, que denunció fumigaciones indiscriminadas en Sebastián Elcano, Jesús María y San Francisco.

Chaco: La ONG Centro de Estudios Nelson Mandela acaba de publicar el informe “Una tragedia colectiva: Malformaciones por el uso de agroquímicos”. Denuncia que el Chaco es zona liberada para los agrotóxicos y causante de malformaciones de bebés. “La intoxicación crónica por el uso de agroquímicos provoca modificaciones o mutaciones del genoma humano. Pero los gobiernos miran para otro lado”, denuncia el trabajo, que también responsabiliza a los productores agropecuarios por “provocar daño sanitario, social y ambiental” en pos de obtener mayor rentabilidad. En diciembre último, en una entrevista al diario Chaco Día por Día, el jefe de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional (IMR), Horacio Lucero, advirtió el incremento de casos de cáncer y malformaciones a causa del uso de agrotóxicos sojeros en el sudoeste chaqueño. “No es un designio de Dios tener un chico malformado. Es un designio de la gente que está cohabitando su propia tierra”, aseguró.

Santa Fe: En Bigand, una localidad de cinco mil habitantes al sur de Santa Fe, el Ministerio de Salud de Nación realizó un estudio con el objetivo de “determinar factores de vulnerabilidad en poblaciones expuestas a los plaguicidas”. En el marco del Plan Nacional de Gestión Ambiental, las conclusiones detallaron: “Más de la mitad de los encuestados y el 100 por ciento de los fumigadores refieren que ellos o conocidos estuvieron intoxicados alguna vez. El 90 por ciento señala que no existen personas resistentes a las intoxicaciones”. El trabajo, realizado en 2002, confirma efectos agudos como alergias, dolor de cabeza, mareos, irritación respiratoria, dérmica y de ojos. Son mencionados más de 40 pesticidas, predominando el uso de glifosato, denuncia la investigación.

Formosa: Sólo una vez la Justicia falló contra el modelo sojero. Campesinos formoseños del poblado Colonia Loma Senés denunciaron en 2003 las fumigaciones con glifosato en la zona. Exhibieron sus plantaciones arruinadas, mostraron certificados médicos que confirmaban síntomas de envenenamiento y fotografías de sus animales muertos. La jueza Silvia Amanda Sevilla ordenó el cese inmediato de las fumigaciones con Roundup (nombre comercial del glifosato), fue la primera vez que se dictó una medida de ese tipo. Desde entonces, la magistrada fue declarada enemiga de las empresas de monocultivos y comenzó un proceso de hostigamiento por parte de pares, superiores y el poder político. En diciembre de 2007 fue echada de su cargo. Ningún otro juez prohibió las fumigaciones.